El uso de la masa trabajadora para apuntalar el régimen de la trilogía Castro-Chávez-Maduro ha sido reiterativo en los últimos tres lustros.
Si bien Chávez se auto erigía como el paladín de los trabajadores y su causa, la realidad es que se valió de cuanta artimaña encontró para relegar los movimientos sindicales originarios, creando a la par entelequias paralelas de “sindicalistas” y “sindicatos” afectos (y subvencionados por el gobierno).
Esos nuevos “representantes” de los trabajadores fueron usados asiduamente como puntas de lanza para crear caos y conflictos en cuanta industria se le había puesto el ojo para que pasara a engrosar la red estatal de empresas. Con lamentable frecuencia se veía cómo los trabajadores entregaban las empresas al Estado, o cómo se regocijaban cuando el gobierno las intervenía o compraba a precio de gallina flaca.
Desde el gobierno también se propició, o al menos dejaron que proliferaran, los enfrentamientos entre sindicatos, en especial en la zona de Guayana, sede de las empresas básicas. La impunidad amparó la espiral de violencia que cobró la vida de decenas de trabajadores en la zona.
Mientras, se criminalizó la protesta y se persiguió a los representantes de sindicatos legítimos que ejercían su derecho a manifestar amparados en el fuero sindical. Este fuero fue frecuentemente violado y líderes sindicales arbitraria e ilegalmente fueron detenidos, llevados a juicio y sometidos a regímenes de presentación.
Cuando Nicolás Maduro, ex sindicalista del Metro de Caracas, llegó a principios de 2013 al poder se autodenominó “el primer Presidente obrerista de Venezuela”.
En los actos de su primer Día del Trabajador como Presidente, Maduro recordó que su Gobierno "es obrerista, para luchar por los derechos de todos los trabajadores del país". Afirmó también que "tenemos las empresas básicas y a PDVSA, el trabajo en socialismo es el que las mantendrá activas".
Una promesa que, según los conflictos laborales que se dan en la zona de Guayana desde hace varias semanas, ya quedó en el olvido a menos de cinco meses de aquel 1º de mayo. Los trabajadores de SIDOR y Ferrominera persisten en un paro reclamando reivindicaciones salariales, que no terminan de ser atendidas por el gobierno, entre otras, la que parece ser la piedra de tranca, el pago del retroactivo por el mal cálculo de las utilidades desde 2008.
Las cosas en la zona se han puesto color de hormiga, pues el gobierno en vez de sentarse a dialogar con los sindicatos de las empresas básicas, incluso con aquellos que le han sido afectos y patrocinados por el oficialismo, ha decidido criminalizar estas protestas, militarizar a Guayana desplegando desde el jueves 3 de octubre tanquetas de la Guardia Nacional en todos los puentes e intersecciones de las calles de Puerto Ordaz y Ciudad Guayana, así como en Ferrominera.
Simultáneamente se abren en el país otros focos de conflictos por razones laborales, uno de ellos el de los trabajadores de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) en Puerto Cabello, quienes exigen la firma del contrato colectivo, que tiene una mora de más de dos años.
Y es que el desconocimiento de las cláusulas contractuales y la postergación sin fecha de las discusiones de los contratos es otra de las violaciones obrero patronales en las que reiteradamente incurre el gobierno. Mientras, los convenios con Cuba y China favorecen a los trabajadores de esos países en desmedro de los nacionales.
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