La política en materia habitacional de la revolución ha resultado todo un fiasco. Las leyes, providencias, decretos y resoluciones dictadas en esta área sólo han servido para poner bajo el control del Estado toda la actividad, dejando de lado al sector privado de la Construcción. Con esto, se “logró” mantener insatisfechos los requerimientos de vivienda de unos 11 millones de venezolanos, mientras funcionarios venezolanos y un combo de iraníes, rusos, bielorusos, chinos y cubanos engrosaban sus cuentas bancarias.
Un ejemplo que patentiza el fracaso en materia habitacional es la cacareada Gran Misión Vivienda. Este programa que fue lanzado en 2011 por Hugo Chávez, por meras razones electorales, está resultando haber sido más bulla que cabuya.
Esta gran misión, para empezar, no ha cumplido con los objetivos y metas propuestas, a pesar de la farsa publicitaria del Gobierno que asegura haber construido más de 300.000 unidades habitacionales desde el lanzamiento de la misión. Cifra que se contradice con el hecho que aún quedan 10.000 familias en los refugios, de las 30.000 familias damnificadas censadas para esa fecha. De ser cierto que se construyeron 300.000 unidades habitacionales ¿a quiénes se las asignaron? ¿cuáles fueron los criterios de adjudicación? ¿fueron usadas para premiar a los consecuentes electores de Chávez y Maduro, y no para los realmente necesitados? Y, sobre todo, ¿dónde están?
A estas interrogantes es difícil obtener una respuesta veraz, pues no existe acceso a la información oficial del registro de beneficiarios ni es posible verificar si éstos realmente cumplen con las condiciones exigidas para entrar en ese registro. La gran misión también adolece de falta de un sistema o normas de control, evaluación y rendición de cuentas, aspectos vitales para blindar el proceso de adjudicación, garantizar la transparencia y generar confianza.
A esto se agrega otros núcleos de conflictos: Las personas no están recibiendo documentos de propiedad, sino de adjudicación, lo que impide su derecho de libre disponibilidad de su bien. Según informan profesionales de la materia, la mayoría de las viviendas no se ajustan a las normas de ingeniería, sanidad y urbanismo, ni sus constructores tomaron en cuenta los requerimientos de servicios de aseo, luz, agua potable y/o aguas servidas. Y el haber tomado en cuenta más la cantidad usuarios que la calidad de vida éstos, ha llevado a que los bloques se hayan convertido en focos de violencia, donde germina la delincuencia y las drogas.
Adicionalmente, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, mantiene que la meta para 2013 es construir 380.000 unidades habitacionales, lo que pareciera ser un reto imposible de lograr si se toma en cuenta que en lo que va de año la Misión Vivienda desaceleró en más de 38% el ritmo de construcción, a consecuencia de la escasez de materia prima que le proveían las empresas básicas del Estado. Ello a pesar de que toda materia prima para la construcción se destina a la Gran Misión, en detrimento del constructor privado.
Haciendo una pausa se percibe que si el gobierno hubiera trabajado en conjunto con el sector privado, los mismos recursos utilizados habrían producido por lo menos 50% más de viviendas con mejores condiciones de seguridad y habitabilidad e, igual de importante, empleo permanente y capacitación para trabajadores venezolanos, y no mano de obra importada y mal pagada.
Es inaceptable que esta mal llamada revolución haya tomado el problema habitacional como un medio de control y como maquinaria para generarle votos, y no como un problema humano de urgente solución, pues con ello pierde Venezuela.
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