El proyecto de Hugo Chávez contiene de manera intrínseca la errada noción de control como forma de gobernar.
Por esta errada concepción de gobierno, desde que Chávez asumió el poder ha venido tejiendo una red legislativa que lejos de construir un mejor país, ha puesto barrotes carcelarios a todos los sectores productivos, indispensables para el progreso y desarrollo socio económico. Son decenas las leyes, decretos, normas, reglamentos que imponen draconianas fiscalizaciones y penalizaciones que retardan actividades y procesos a todos los niveles.
El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, mejor conocido como Indepabis, es uno de esos entes inventados en este Gobierno para ejecutar su lucha contra la supuesta "especulación, la usura y el acaparamiento". No conforme con ello, ahora el presidente con sus poderes habilitados estaría afinando una nueva Ley de Costos, Precios y Protección al Salario, que entre otras especies, crearía una Supra Superintendencia con el supuesto objetivo de estructurar un sistema que "defienda" los derechos económicos y sociales de la ciudadanía.
Si bien es cierto que la defensa del ciudadano, del consumidor y del usuario debe y tiene que ser parte importante del sistema sociopolítico y económico de un país, también es cierto que esa defensa no puede convertirse en una manida excusa para destruir el sector productivo privado del referido país.
Es esto precisamente lo que ha venido haciendo el Gobierno de Chávez en sus doce años de retroceso histórico, político, social y económico en el que ha sumido a Venezuela. Olvida que la especulación, no se combate con fiscalizaciones, se combate con libre competencia, con más producción y con mayor oferta.
Intervino el campo y al sector agropecuario, que terminó traduciéndose en una dantesca caída de la producción nacional.
Legisló, fiscalizó e intervino la cadena de distribución agroalimentaria privada, y con ello llegó la escasez y la baja en la diversidad de la oferta de productos básicos.
Intervino los puertos y aduanas, y éstos hoy están a punto de colapso, algo dramático en un país que depende fuertemente de las importaciones.
Socavó la industria de la construcción privada y agravó el déficit de viviendas que se venía acumulando por la impericia y desidia del Gobierno.
Se apropió del sector eléctrico y tiene sumido al país en la oscuridad.
Mientras, los entes públicos, sin fiscalización, supervisión ni control, marchan de espalda a los consumidores, carcomidos por la corrupción, la politización, la ineficiencia y la indolencia.
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