La asociación civil Control Ciudadano considera que podría estarse en presencia de la presunta comisión del delito de revelación de secreto contenida en el Código Penal
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, asistida por Juan Carlos Gutiérrez y acompañada de la organización Una Ventana a la Libertad y de la Fundación Justica y Proceso en Venezuela, interpuso una denuncia ante la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz por violación del mandato legal de reserva de las actas de la investigación que cursa ante la Fiscalia en el caso de amenazas a la integridad personal de la Defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel.
Cabe recordar que las actas reservadas del proceso que cursa por ante la Fiscalía 34°con competencia nacional, fueron exhibidas públicamente, comentadas en incluso transcritas textualmente por medios de comunicación oficial del Estado, entre estos, Venezolana de Televisión y Agencia Bolivariana de Noticias la semana pasada, en menos de 24 horas después de rendida la declaración por la victima denunciante, como un gesto intimidatorio más de la escalada de agresiones que adelanta el Estado en contra de Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano y Defensora de Derechos Humanos en Venezuela por haber denunciado la presencia de militares activos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Control Ciudadano, a través de un comunicado, considera que podría estarse en presencia de la presunta comisión del delito de revelación de secreto contenida en el artículo 205 del Código Penal e incluso del delito previsto en el artículo 66 de la Ley contra la Corrupción, con penas hasta de seis (6) años de prisión para el funcionario público que utilice, para sí o para otro, informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo.
También refirieron a través de la nota de prensa que esto constituye un precedente que afecta gravemente el sistema de justicia venezolano por los efectos que sobre los denunciantes y víctimas de violaciones de derechos humanos genere la divulgación y publicación de actas reservadas de casos denunciados, instigando incluso, como en el caso de Rocío San Miguel al odio y amenazas en su contra, que fueron realizadas por Señor Mario Silva, a través de medios oficiales del Estado, concretamente y con actas reservadas en mano, de un caso que cursa ante el Ministerio Público.
Finalmente solicitaron sea separada de la investigación que adelanta el Ministerio Público, la ciudadana Linda Montero, Fiscal 34 con competencia nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 86, numeral 8 del COPP, por no garantizar las reserva de actas de un expediente que cursa ante su despacho, sin menoscabo de las responsabilidades en que haya podido incurrir de carácter disciplinario, civil o penal.
Se consignaron copia del programa la Hojilla emitido por Venezolana de Televisión emitido el día 09 de unió de 2010, donde constan la mayor parte de los hechos referidos en esta denuncia y noticias referidas por la Agencia Bolivariana de Noticias y otros medios de divulgación oficial.
Cort. El Nacional
Cabe recordar que las actas reservadas del proceso que cursa por ante la Fiscalía 34°con competencia nacional, fueron exhibidas públicamente, comentadas en incluso transcritas textualmente por medios de comunicación oficial del Estado, entre estos, Venezolana de Televisión y Agencia Bolivariana de Noticias la semana pasada, en menos de 24 horas después de rendida la declaración por la victima denunciante, como un gesto intimidatorio más de la escalada de agresiones que adelanta el Estado en contra de Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano y Defensora de Derechos Humanos en Venezuela por haber denunciado la presencia de militares activos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Control Ciudadano, a través de un comunicado, considera que podría estarse en presencia de la presunta comisión del delito de revelación de secreto contenida en el artículo 205 del Código Penal e incluso del delito previsto en el artículo 66 de la Ley contra la Corrupción, con penas hasta de seis (6) años de prisión para el funcionario público que utilice, para sí o para otro, informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo.
También refirieron a través de la nota de prensa que esto constituye un precedente que afecta gravemente el sistema de justicia venezolano por los efectos que sobre los denunciantes y víctimas de violaciones de derechos humanos genere la divulgación y publicación de actas reservadas de casos denunciados, instigando incluso, como en el caso de Rocío San Miguel al odio y amenazas en su contra, que fueron realizadas por Señor Mario Silva, a través de medios oficiales del Estado, concretamente y con actas reservadas en mano, de un caso que cursa ante el Ministerio Público.
Finalmente solicitaron sea separada de la investigación que adelanta el Ministerio Público, la ciudadana Linda Montero, Fiscal 34 con competencia nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 86, numeral 8 del COPP, por no garantizar las reserva de actas de un expediente que cursa ante su despacho, sin menoscabo de las responsabilidades en que haya podido incurrir de carácter disciplinario, civil o penal.
Se consignaron copia del programa la Hojilla emitido por Venezolana de Televisión emitido el día 09 de unió de 2010, donde constan la mayor parte de los hechos referidos en esta denuncia y noticias referidas por la Agencia Bolivariana de Noticias y otros medios de divulgación oficial.
Cort. El Nacional
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