SIMON BOCCANEGRA/TalCualDigital
En la calle abundan quienes no han aprendido nada del 11 de Abril y los días posteriores. Son los mismos que ocupan oficinas gubernamentales. A ellos hace falta recordarles que el gran resultado de aquellos sucesos, la bofetada más grande a esta sociedad, es la impunidad que en 10 años ha imperado, impidiendo que se esclarezcan las muertes de 19 personas y el saldo de más de un centenar de heridos en los alrededores de Miraflores.
Tan solo 2 de esos homicidios, los de Erasmo Sánchez y Urdí Urbano, fueron investigados, llevando a condenas de hasta 30 años de Iván Simonovis, los comisarios de la PM y funcionarios de ese cuerpo, aunque la Fiscalía nunca logró demostrar quién disparó a quién, y la jueza los condenó por “complicidad correspectiva” a 30 años de prisión.
Los otros 17 expedientes duermen en el despacho de Luisa Ortega, junto con las investigaciones para determinar quién sí mató a Erasmo y a Urdí. Varios GN fueron acusados de algunas muertes, pero nunca han estado presos. Otros casos fueron “archivados” o están en “fase preliminar”. Es decir, nada de resultados, nada de justicia, mucho de impunidad.
El 11 de Abril sigue siendo evaluado desde la partidización, desde el maniqueísmo de buenos contra malos en roles intercambiables. Las víctimas se han agrupado debiendo convertirse en acusadores de un bando y de otro a falta de respuestas. La justicia se ha sumado a ese coro, evitando levantar mucho polvo porque, sin duda, mucho rojito saldría empantanado.
La justicia en Venezuela merece quedarse ciega de nuevo, para honrar a los familiares de los fallecidos y a los tantos heridos que cayeron por las balas del despelota político mal conducido. En algunos casos no es ni tan difícil dar con los responsables. Pero no hay interés.
Ojalá el Ministerio Público se dedicara más a acabar con la impunidad, que a pagar publicidad asegurando estarlo haciendo, como en los medios oficiales en su edición de ayer.
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