En Venezuela se percibe en el ambiente una calma chicha; una aparente quietud que, como dicen los marineros, causa desesperación y hace presagiar eventuales tormentas.
Lamentablemente, esa calma chicha no se siente solo debido a la ola de calor que azota a gran parte del territorio nacional.
Esa calma chicha se siente en la población, en esos ciudadanos del país que se ven acorralados por la dantesca situación de inseguridad que está mermando la población, y con particular crueldad a los jóvenes de los barrios pobres.
Se percibe además en los ciudadanos que pierden horas y horas en mercados, supermercados, abastos y buhoneros para encontrar cualquier producto de la cesta alimentaria o los que se requieren para la higiene personal, y que de encontrarlos deberán pagarlo al doble o el triple del precio que lo adquirió la última vez que tuvo acceso a él.
Es la calma chicha que envuelve a los empresarios que ven agotarse los inventarios, elevar sus deudas y alejarse las posibilidades de acceder a divisas para poder seguir produciendo. Y que a la par luchan con el despropósito de unas fiscalizaciones, unas multas e, incluso, de que se les abran juicios por cualquier nimiedad que se le antoje al funcionario fiscalizador.
Más triste aún es la calma chicha que siembra en la población la impotencia de un Estado opresor, que ha arremetido ferozmente con todos sus poderes represivos y judiciales contra jóvenes y no tan jóvenes que se lanzaron a las calles a manifestar legítimamente contra todos los factores de inseguridad, carestía y alto costo de la vida que ha traído a Venezuela el castrocomunismo.
Un gobierno opresor, que no dudó en permitir que las balas del Estado acribillaran más de 43 vidas inocentes, por el solo “delito” de ejercer el derecho a la protesta cívica; que admite la tortura contra jóvenes, que los detiene arbitrariamente, los saca de sus hogares sin orden de captura, los somete a juicios espurios y que, para colmo de la barbarie, los recluye en cáceles de comprobada peligrosidad, en donde el poder está en manos de pranes que no controla la ministra de prisiones, como ella misma lo ha reconocido públicamente.
Tal vez esta calma chicha viene precisamente a corroborar, lo que es harto conocido, que esta juventud que salió a las calles a exigir derechos, no estaban en son de guerra y en sus manos no había más armas que su voluntad de bregar por su futuro. Que protestaban por las mismas razones que el 80% de la población afirma que el país está mal, como indican las últimas encuestas de opinión.
En nada ayudan para evitar que esta calma chicha termine en una tragedia, las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, M/G Miguel Rodríguez, que asegura sin pruebas por delante que se estaba gestando a nivel nacional e internacional un plan insurreccional para derrocar a Chávez y ahora a Maduro, involucrando en esta supuesta emboscada desde activistas de DD.HH., hasta directores de ONG, dueños de empresas, políticos, estudiantes, al movimiento juvenil JAVU y a organizaciones políticas como Voluntad Popular.
Tal vez el propósito del gobierno es el de convertir a todo disidente en conspirador, susceptible a pagar cárcel sin final, mientras siembra el miedo en la población. Por ahora, ya tiene a los “patriotas cooperantes”, un nuevo club de sapos que como en Cuba vigilarán y denunciarán a tirios y troyanos.
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