El ministro del Interior, Rodríguez Torres, ha montado la olla más grande y extravagante de los últimos años. Sin muchas razones ha metido en un solo saco, como empeñosos agentes de una magna conspiración, a los más heterogéneos ciudadanos: el expresidente de un país vecino (a pesar de que su actual gobierno ha exigido respeto para éste) y paramilitares de la misma nacionalidad, líderes políticos, alcaldes electos por el soberano, líderes estudiantiles también electos por sus bases, periodistas, defensores de los derechos humanos, diplomáticos y servicios secretos del exterior, empresarios, extranjeros terroristas así sea el portugués del abasto de la esquina, etc.
La mayoría de ellos sin conexión entre sí. Todos ellos, por supuesto, al servicio del Imperio que quiere nuestro petróleo porque gasta mucha energía, justo ahora que está a punto de autoabastecerse y, de otra parte, detener la expansión de las ideas de la revolución bolivariana, como si ésta no se hubiese convertido, visto su descomunal fracaso, en lo que nadie debe intentar, tanto que en las elecciones de la región ponerle el mote de chavista a cualquier progresista es la peor de las rémoras, de la cual éste debe sacudirse inmediatamente. Lo de culpar a EEUU tiene también su complicación porque Maduro parece demasiado ansioso por rehacer esa amistad, ya hasta embajador nombró, y ello a pesar de los reiterados malos modos recientes de los gringos.
El tiempo de la conspiración es inmenso, se remonta hasta el 2004, lo que permite hacer las asociaciones más arbitrarias y generalizadas. Baste decir que la acusación contra Delsa Solórzano, pieza de la obra, se basa en que en un informe público dijo que hubo represión contra manifestantes pacíficos y para el ministro-policía todos son terroristas o algo parecido.
Algunos han decidido, entre ellos cierta prensa e incluso algunos acusados, no pararle como no se repara en los denuestos del orate del barrio. Otros imputados le han dicho de todo, desde asesino en serie hasta paranoico, pasando por jocoso agente secreto o candidato a los tribunales penales internacionales. Cada quien tiene su estilo, pero nosotros opinamos que se trata, al fin y al cabo, del ministro más político del gabinete de Maduro. Y al menos éste debería intervenir en los desvaríos de su subordinado, en todo caso aclarar si es con él o contra él. Y, por otra parte, la MUD tampoco debería callar.
El general ministro ha dicho que respeta a la Mesa y propicia el diálogo, pero eso no basta. Muchos de los acusados al voleo y sin pruebas pertenecen a la MUD, como Leopoldo, jefe de la conjura, o el Alcalde Mayor, entre otros, o son personas que deberían contar con su respeto por su labor en defensa de las instituciones y los derechos ciudadanos.
Pero, sobre todo, porque se supone que el diálogo se debe asentar sobre la verdad, hay una comisión con ese fin, y no en la estrafalaria imaginación de Rodríguez Torres. Y de aceptarse esa versión conspirativa que sustituiría la desoladora crisis que atravesamos como razón de la legítima protesta ciudadana, más allá de cualquier exceso cometido que es inherente a fuerzas sociales encolerizadas, pues no sólo habremos puesto la mesa patas arriba y convertido a los causantes de la quiebra de la paz y el bienestar de los venezolanos en víctimas de secretos y maléficos designios. Por no hablar de los daños a la unidad que esto puede acarrear. No es poca cosa lo que está en juego.
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