sábado, 9 de octubre de 2010

España dice que cooperación venezolana contra ETA es amplia

María Dolores Cospedal, del Partido Popular español, en Bogotá (Efe)
La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, insistió hoy en que la cooperación con Venezuela en la lucha contra la banda terrorista ETA y contra la delincuencia organizada es muy amplia en los ámbitos judicial y policial.

EL UNIVERSAL
Madrid.- La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, insistió hoy en que la cooperación con Venezuela en la lucha contra la banda terrorista ETA y contra la delincuencia organizada es muy amplia en los ámbitos judicial y policial.

En una entrevista con la cadena de radio española Onda Cero, Fernández de la Vega dijo que Venezuela "ha condenado sin paliativos cualquier acción de ETA" en su país y ha garantizado la cooperación con España, indicó Efe.

En este sentido, criticó al líder del Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España), Mariano Rajoy, por utilizar este tema de manera partidista y con un estilo de oposición que denota "poco nivel político e intelectual".

De la Vega se refirió a las palabras de Rajoy cuando hace dos días exigió al Gobierno español que pidiera explicaciones a Venezuela por el presunto entrenamiento que recibieron dos etarras en este país.

El líder opositor también instó entonces al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a no mirar hacia otro lado, porque "se corre el riesgo de que se tome a España por el pito del sereno", según dijo.

Para De la Vega, con esas palabras Rajoy es "poco respetuoso consigo mismo y dice muy poco en su favor".

Otra cuestión que la vicepresidenta quiso aclarar hoy fue la situación de los españoles que residen en Venezuela, cuyos derechos, dijo, "no corren peligro", a pesar del proceso de expropiación de tierras que ha desarrollado el Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Fernández de la Vega recordó, a este respecto, que hace casi dos años los Gobiernos de ambos países crearon una mesa de diálogo para resolver esta cuestión y defender a los ciudadanos españoles que resultaron afectados por estas expropiaciones, cuyos derechos, reiteró, están "claramente protegidos".

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