sábado, 9 de octubre de 2010

Derecha guatemalteca promueve pena de muerte de cara a elecciones de 2011

GUATEMALA (AFP) - Los partidos opositores de derecha comenzaron a exigir la reintroducción de la pena de muerte en Guatemala, que tiene altas tasas de homicidios, para conquistar apoyo de cara a las elecciones de septiembre de 2011, adelantando el inicio de la campaña.

El presidente Alvaro Colom anunció el miércoles que vetará una ley aprobada por el Congreso el martes con el fin de restablecer la aplicación de la pena capital, legalmente vigente pero que no se aplica en el país desde 1998.

La ley entregaba al presidente la facultad de conmutar la pena capital, como paso para restablecer la pena de muerte, pero Colom afirma que esta facultad debe tenerla la Corte Suprema.

Colom argumentó además que como socialdemócrata no apoya la pena capital, pero los líderes opositores que promovieron la aprobación de este proyecto en el Congreso comenzaron a levantar el tema de cara a los comicios, aunque la campaña debe comenzar formalmente en mayo de 2011.

El diputado derechista Manuel Baldizón, quien aspira a la presidencia de Guatemala, declaró en avisos pagados en la prensa que defiende "la pena de muerte con la misma energía y decisión con la cual reclamo el derecho a la vida".

"Seguiremos luchando sin descanso por la aprobación de otras iniciativas que forman parte de nuestro plan de seguridad integral", agregó Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada.

En tanto, diputados de la primera fuerza de oposición, el derechista Partido Patriota, expresaron que la pena capital debe ser aplicada porque está vigente.

El Partido Patriota comenzó a difundir en radio y televisión avisos que afirman que la criminalidad hay que combatirla con "carácter", un mensaje similar a los que usó en la campaña electoral de 2007, cuando prometió "mano dura" contra el crimen y aplicar la pena de muerte.

En Guatemala hay 18 homicidios al día, en promedio, y la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad, lo que genera gran desconfianza hacia el sistema judicial.

El inicio anticipado de la campaña fue criticado por entidades de derechos humanos y llevó a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Villagrán, a exhortar al Congreso a imponer sanciones más drásticas a los infractores.

La ley electoral multa con 100 dólares a los partidos que hagan proselitismo antes del banderazo de inicio de la campaña, y Villagrán propuso aumentar la sanción a entre 50.000 y 100.000 dólares.

La campaña arranca oficialmente el 2 de mayo de 2011 y las elecciones están previstas para el 4 de septiembre.

Ocho entidades de derechos humanos criticaron el viernes que los partidos impulsen "una agenda legislativa con fines eminentemente electoreros y uso presupuestario aprovechándose de la desesperación de los ciudadanos que viven el clima de violencia e inseguridad prevaleciente en el país".

Entre los firmantes figuran el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Las dos últimas ejecuciones, por inyección letal, en el país tuvieron lugar en 1998. Hasta 1996, los condenados a muerte eran fusilados.

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