Un 10 de diciembre la Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta declaración promueve y protege los derechos inherentes de todo ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Los Derechos Humanos son inalienables, de obligatorio cumplimiento de todos los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.
Los derechos humanos tienen: 1) Alcance civil y político, entre ellos, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. 2) Económico, social y culturales, como lo son el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. 3) Alcance colectivo, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.
Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
Lamentablemente, en Venezuela, como nunca antes en el pasado, estos derechos humanos vienen siendo violados desde hace 12 años de manera consuetudinaria por el Gobierno de Hugo Chávez, un "revolucionario" que en 1998 alzó la bandera de defensa de los derechos del venezolano para agarrarse el poder.
En la Venezuela de Chávez el derecho a la vida está hoy en manos de delincuentes comunes, del narcotráfico y del sicariato que operan blindados por la impunidad de un sistema de justicia castrado y politizado.
En la Venezuela revolucionaria la libertad de cualquier tipo está limitada, diluida, menoscabada y al borde de la extinción, si ésta se contrapone con el avance de la revolución.
En la Venezuela que los Castro de Cuba delinean, cada día son más los ciudadanos sometidos a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La juez María de Lourdes Afiuni es un vergonzoso ejemplo de ello.
En la Venezuela donde se construye el comunismo no todos tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, ni todos son amparados contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Hoy cualquiera puede ser detenido, preso u obligado al destierro si algún rojo marca la pauta.
El derecho al trabajo depende de unas listas llamadas Tascón o Maisanta.
Hoy cualquier venezolano puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, atacado en su honra o en su reputación.
Con el Gobierno de Chávez el derecho a la propiedad individual está en pico de zamuro. Y si se adversa al proceso castrocomunista puede ser privado arbitrariamente de su propiedad, con sólo pedirlo el mandatario o cualquiera de sus secuaces.
Es difícil, por no decir imposible, encontrar hoy en Venezuela un derecho humano que no esté menoscabado o en vías de ser vulnerado.
Esta declaración promueve y protege los derechos inherentes de todo ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Los Derechos Humanos son inalienables, de obligatorio cumplimiento de todos los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.
Los derechos humanos tienen: 1) Alcance civil y político, entre ellos, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. 2) Económico, social y culturales, como lo son el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. 3) Alcance colectivo, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.
Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
Lamentablemente, en Venezuela, como nunca antes en el pasado, estos derechos humanos vienen siendo violados desde hace 12 años de manera consuetudinaria por el Gobierno de Hugo Chávez, un "revolucionario" que en 1998 alzó la bandera de defensa de los derechos del venezolano para agarrarse el poder.
En la Venezuela de Chávez el derecho a la vida está hoy en manos de delincuentes comunes, del narcotráfico y del sicariato que operan blindados por la impunidad de un sistema de justicia castrado y politizado.
En la Venezuela revolucionaria la libertad de cualquier tipo está limitada, diluida, menoscabada y al borde de la extinción, si ésta se contrapone con el avance de la revolución.
En la Venezuela que los Castro de Cuba delinean, cada día son más los ciudadanos sometidos a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La juez María de Lourdes Afiuni es un vergonzoso ejemplo de ello.
En la Venezuela donde se construye el comunismo no todos tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, ni todos son amparados contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Hoy cualquiera puede ser detenido, preso u obligado al destierro si algún rojo marca la pauta.
El derecho al trabajo depende de unas listas llamadas Tascón o Maisanta.
Hoy cualquier venezolano puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, atacado en su honra o en su reputación.
Con el Gobierno de Chávez el derecho a la propiedad individual está en pico de zamuro. Y si se adversa al proceso castrocomunista puede ser privado arbitrariamente de su propiedad, con sólo pedirlo el mandatario o cualquiera de sus secuaces.
Es difícil, por no decir imposible, encontrar hoy en Venezuela un derecho humano que no esté menoscabado o en vías de ser vulnerado.
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