Juan Carlos Guillén Zerpa, contador venezolano, se declaró culpable de ayudar al exasesor financiero de PDVSA, Francisco Illaramendi, quien administraba el fondo de de retiro de la petrolera. Guillén Zerpa reconoció haber colaborado para ocultar un fraude piramidal que pudo costarle cientos de millones de dólares a inversionistas.
El contador venezolano fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Francisco Illarramendi, por la realización de fraude mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford, Connecticut.
Guillén Zerpa, que era un socio administrador de un despacho contable venezolano, apareció con el uniforme marrón de la cárcel y con las manos esposadas a la espalda en la corte federal en Bridgeport.
Un intérprete le tradujo al español el desarrollo de la audiencia, aunque Guillén Zerpa le dijo en inglés al juez que aceptaba su culpabilidad. "Absolutely, yes, your honor" ("Absolutamente, sí, su señoría"), expresó.
Los fiscales federales radicados en Connecticut han dicho que el caso contra Illarramendi es el proceso federal de cuello blanco más cuantioso en el estado.
Illarramendi, radicado en la ciudad de New Canaan y asesor del gobierno de Venezuela hasta el 2004, fue acusado de transferir dinero entre cuentas de inversiones sin comunicárselo a los clientes para encubrir enormes pérdidas financieras y de falsificar luego documentos para engañar a inversores, acreedores e investigadores. Un fondo de pensión de trabajadores de la empresa estatal petrolera de Venezuela participó con la mayor parte de los cientos de millones de dólares en inversión.
De 42 años, Illarramendi se declaró culpable en marzo de diversas acusaciones penales, incluyendo varios cargos de fraude y asociación ilícita para obstruir la justicia. Podría ser condenado a 70 años de cárcel.
Guillén Zerpa, de 44 años, se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir una acción oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, por lo que podría recibir una sentencia de 20 años de prisión.
El contador venezolano fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Francisco Illarramendi, por la realización de fraude mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford, Connecticut.
Guillén Zerpa, que era un socio administrador de un despacho contable venezolano, apareció con el uniforme marrón de la cárcel y con las manos esposadas a la espalda en la corte federal en Bridgeport.
Un intérprete le tradujo al español el desarrollo de la audiencia, aunque Guillén Zerpa le dijo en inglés al juez que aceptaba su culpabilidad. "Absolutely, yes, your honor" ("Absolutamente, sí, su señoría"), expresó.
Los fiscales federales radicados en Connecticut han dicho que el caso contra Illarramendi es el proceso federal de cuello blanco más cuantioso en el estado.
Illarramendi, radicado en la ciudad de New Canaan y asesor del gobierno de Venezuela hasta el 2004, fue acusado de transferir dinero entre cuentas de inversiones sin comunicárselo a los clientes para encubrir enormes pérdidas financieras y de falsificar luego documentos para engañar a inversores, acreedores e investigadores. Un fondo de pensión de trabajadores de la empresa estatal petrolera de Venezuela participó con la mayor parte de los cientos de millones de dólares en inversión.
De 42 años, Illarramendi se declaró culpable en marzo de diversas acusaciones penales, incluyendo varios cargos de fraude y asociación ilícita para obstruir la justicia. Podría ser condenado a 70 años de cárcel.
Guillén Zerpa, de 44 años, se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir una acción oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, por lo que podría recibir una sentencia de 20 años de prisión.
Luego de estar en una prisión federal, Guillén fue puesto en libertad condicional con una fianza de 1,35 millones de dólares, garantizados por 550.000 dólares en efectivo y propiedades, incluida una casa en la Florida. Tendrá que seguir en arresto domiciliario con monitorización electrónica hasta que sea sentenciado el 22 de julio.
Como convicto por un delito grave se espera su deportación después de que cumpla cualquier sentencia.
Su abogado, Robert Targ, de Miami, dijo luego de la audiencia que no podía hacer declaraciones sobre el caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario