EEUU, Canadá y Panamá pidieron a Venezuela permitir visita del organismo
"Los argentinos tenemos una deuda profunda e imprescriptible con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)". Con estas palabras comenzó el embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Gil, su intervención durante el debate que sobre la labor de la CIDH en el caso del Caracazo y otros relacionados con el país se celebró ayer en el Consejo Permanente del organismo hemisférico, a solicitud del Gobierno venezolano.
Minutos antes, el representante del Ejecutivo Nacional, Roy Chaderton, acusó a la instancia encargada de monitorear la situación de las garantías fundamentales en el continente de guardar "silencio" ante "la más grande y masiva violación de Derechos Humanos" registrada en Venezuela.
Tras aseverar que la CIDH "está prejuiciada" contra la administración del presidente Hugo Chávez, el embajador aseveró que el informe que la semana pasada publicó sobre la situación de los Derechos Humanos en el país y el fallo de un juez español, en el que se asegura que el Gobierno apoya a la guerrilla colombiana y a la banda terrorista vasca ETA, forman parte de un "concierto" que busca aislar al país.
El diplomático argentino le salió al paso a estos señalamientos indicando: "Estamos convencidos de que la CIDH es órgano independiente" y, por lo tanto, le reiteró la "plena confianza" de su gobierno.
La posición del representante de la administración de Cristina Fernández, con quien el presidente Hugo Chávez mantiene estrechos lazos, es coherente, pues hay que recordar que ese organismo desempeñó un papel importante denunciando las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1982) que gobernó al país austral. Incluso funcionarios, como el actual canciller argentino Jorge Taiana, no murieron en la represión gracias a las gestiones hechas entonces por la Comisión.
"Hace ya años, cuando no había un gobierno sobre la tierra, de izquierda o derecha, que levantara la voz para condenar la persecución que se daba en nuestra patria contra decenas de miles de hermanos nuestros, la CIDH hizo un viaje (a Argentina) para nosotros histórico", rememoró Gil, quien acto seguido pidió respeto para el organismo.
"Podemos estar de acuerdo o no con estas manifestaciones (afirmaciones contenidas en los informes de la instancia de la OEA), en este último caso, tenemos el recurso de la contraargumentación dentro del marco de la racionalidad. Lo que deben quedar totalmente descartados son los recursos de la crispación, descalificación y del agravio", agregó.
En similares términos se pronunció el embajador de Panamá, Guillermo Cochez, quien dijo que "los insultos, groserías y bajezas" son cortinas de humos con las que "los gobernantes tratan de ocultar este informe sobre la situación de la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela".
Refiriéndose a los sucesos del 27 de febrero de 1989, el diplomático centroamericano le lanzó la siguiente interrogante a su colega venezolano: "¿Por qué si han estado 11 años en el poder no han podido resolver el caso del Caracazo?".
Cochez concluyó su intervención de la siguiente forma: "Seamos varones y afrontemos la responsabilidad de nuestros actos como gobernantes, permítase al CIDH realizar una visita in loco a Venezuela".
Esta petición fue respaldada también por los representantes de Canadá y Estados Unidos, quienes le recordaron a las autoridades nacionales que los viajes del organismo forman parte de los compromisos que el país asumió al sumarse a la OEA.
Las acusaciones de "parcialidad" que Chaderton lanzó contra la CIDH solamente fueron apoyadas por el embajador de Nicaragua, quien acusó a la instancia de comportarse como un "partido político".
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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