Los afectados aseguran que han solicitado audiencias ante la Alcaldía de Libertador y éstas no han sido concedidas
Ángela Rodríguez/El Nacional
Expertos, personalidades políticas y dueños de locales comerciales califican de injustificada la medida de expropiación de los edificios que circundan la Plaza Bolívar de Caracas, anunciada por el presidente Chávez el domingo durante la emisión del programa Aló Presidente.
Enrique Larrañaga, arquitecto y profesor de la USB, condenó la manera en que el presidente dio órdenes al alcalde de Libertador. Igualmente puso atención sobre la ausencia de justificación para dichas expropiaciones.
"Si hay en alguna parte un plan de renovación de los alrededores de la Plaza Bolívar (...) hay maneras de proteger la integridad de esos edificios o incluso de forzar sobre esos edificios determinadas condiciones de restauración, de apariencia (...) que no pasan ni por la expropiación ni por convertirlo en un bien público", aseguró el arquitecto.
Larrañaga explicó que la expropiación de los edificios "afecta las fuentes de trabajo de gente que hoy en día está utilizando esos edificios", además de representar un problema más para el gobierno a la hora de planear cómo se va a pagar la restauración, qué va a operar en ellos y con qué recursos se van a mantener operativos en los próximos años.
Aseguró que hay otras figuras para restaurar estas instalaciones sin necesidad de expropiarlas: "puede ser un bien privado que tiene ciertas regulaciones", por ejemplo.
También denunció que en esa zona se encuentra un terreno de propiedad pública, destinado a las obras de la antigua Gobernación del Distrito Federal, y que hasta el momento no ha sido utilizado.
El arquitecto asegura que dentro del proyecto que el gobierno aún no ha develado debería ser prioritario el aprovechamiento de este terreno baldío.
Por su parte, los arrendatarios de los locales que se encuentran en el edificio La Francia desalojan sus locales durante el día lunes.
Bernardo Vadacchino, propietario de una de las joyerías que se encuentra en este edificio, explicó que "mañana (martes) hay una ejecución contra el edificio", y que "no nos quieren dar audiencia, estamos buscando la manera de conversar con el alcalde del municipio".
Rafael Figueredo, otro de los propietarios, también se pronunció al respecto. "Tengo 40 años en este edificio, llegué a la edad de 16 años (...) llegué como mensajero a este edificio y hoy en día soy uno de los propietarios".
Denunció que el gobierno no les ofrece indemnizaciones ni explicaciones. "De la noche a la mañana me bajan la santamaría y no tengo derecho a nada, ni siquiera el derecho de acudir a una entidad y reclamar", debido a que han solicitado audiencias con la alcaldía y no se las han otorgado.
Figueredo resaltó que "de este edificio comen 500 personas, y en el 80% todos somos venezolanos que tenemos toda una vida trabajando aquí".
Figueredo calificó como "violenta" la medida, y dijo: "tienen que dar un plazo, no decir 'mañana te vas".
Alejandro Vivas, subsecretario nacional de Copei, aseguró que el primer mandatario "ha secuestrado todos los poderes públicos".
El dirigente político afirmó que "nos ha expropiado el derecho a comer, y el derecho a escoger que comemos los venezolanos".
"Nos expropió la calidad de vida a todos los venezolanos", denuncia Vivas, quien afirma que "el presidente les expropio la electricidad, el agua, la salud, la educación, y los ha sumido en el mayor atraso que ha tenido este país".
En cuanto a propiedades físicas, Vivas denunció que el presidente permanentemente está "expropiando fincas, expropiando plantas, para entregárselas, no al pueblo como quieren decir".
Respecto al caso de los edificios del casco central, el activista copeyano describió la acción presidencial en que "en un arrebato de improvisación y no planificación, empieza a expropiar inmuebles como loco".
Vivas también denunció que "desde que empezo este gobierno se ha tratado de convertir este espacio que es de todos los venezolanos en un guetto" donde "solo pueden estar ahí los partidarios del PSUV". Al respecto, recordó la famosa esquina caliente, donde permanecían miembros de los Círculos bolivarianos.
El dirigente también resaltó la ilegalidad del procedimiento. "Todo el mundo sabe que para que esas expropiaciones puedan ser efectivas tienen que mediar unos informes". Aseguró que también "tiene que haber u estudio previo, serio, coherente" y que, según las instancias, "el Cabildo metropolitano de Caracas tiene una ordenanza de patrimonio cultural y acervo público" que se debe respetar.
Yul Jabour, miembro del Partido Comunista de Venezuela, aseguró que está de acuerdo con la medida, siempre y cuando ésta sea legal.
"Esas expropiaciones se hacen en torno a la utilidad pública que allí se ha declarado", aseguró Jabour.
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