Por: VenEconomía
Dilma Rousseff en su primer discurso como Presidenta electa de Brasil, afirmó que iba a "dar la más amplia e irrestricta libertad de prensa y libertad de culto" y que prefiere "las críticas de la prensa libre, a las dictaduras; la prensa libre al silencio".
Lamentablemente, en Venezuela no se corre con igual suerte. Su presidente, Hugo Chávez, ha tejido todo un enjambre legal que restringe los derechos de libre asociación y expresión de las personas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, y penaliza la libertad de expresión.
Un ejemplo de ello es la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional.
Esta Ley convierte en delito el financiamiento internacional de las ONG o de cualquier iniciativa individual que defienda el ejercicio de derechos políticos. Se veta así promover: la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos; la participación de candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular; así como la divulgación, información y defensa del pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
Esta Ley deja a estas organizaciones o individuos, garantes de la libertad y la democracia de un país, a merced de la voluntad de la élite gobernante: Uno porque es ésta quien dispone de la mayoría de los recursos en el país; y dos, porque será aún más difícil para las iniciativas que defiendan a la libertad de elección, como Sumate; o a organizaciones como Transparencia Venezuela que promueve una gerencia pública libre de corrupción; o a instituciones que promueven la libertad de empresa como Cedice Libertad, conseguir fuentes de financiamiento privada en una Venezuela donde el sector privado está también sometido al dictamen totalitario de la "revolución".
Otro ejemplo es la reforma de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que ahora incluye también a los medios de difusión por suscripción y a los medios electrónicos.
Esta reforma de Ley incrementa la discrecionalidad del Ejecutivo paradefinir cuándo un mensaje incita o promueve el odio, la intolerancia o el delito, o qué constituye propaganda de guerra y fomenta zozobra en la ciudadanía o altera el orden público, al añadir la prohibición y penalización de todo mensaje que desconozca "a las autoridades legítimamente constituidas" o "incite o promueva el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente".
Las penalidades comprenden, para los medios radioeléctricos, multas de hasta 10% de sus ingresos brutos, y para los medios electrónicos multas desde 50 hasta 200 UT, o hasta un 4% de sus ingresos. Conatel, además, podrá aplicar medidas cautelares y a través de ellas ordenar la suspensión de los mensajes. El incumplimiento o inobservancia de la Ley puede llevar a revocar la habilitación administrativa y la concesión de los medios.
Sólo estas dos leyes, aprobadas a la carrera por una moribunda Asamblea, bastan para evidenciar que en Venezuela se impone el silencio que confisca la libertad de crítica y de opinión.
Lamentablemente, en Venezuela no se corre con igual suerte. Su presidente, Hugo Chávez, ha tejido todo un enjambre legal que restringe los derechos de libre asociación y expresión de las personas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, y penaliza la libertad de expresión.
Un ejemplo de ello es la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional.
Esta Ley convierte en delito el financiamiento internacional de las ONG o de cualquier iniciativa individual que defienda el ejercicio de derechos políticos. Se veta así promover: la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos; la participación de candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular; así como la divulgación, información y defensa del pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
Esta Ley deja a estas organizaciones o individuos, garantes de la libertad y la democracia de un país, a merced de la voluntad de la élite gobernante: Uno porque es ésta quien dispone de la mayoría de los recursos en el país; y dos, porque será aún más difícil para las iniciativas que defiendan a la libertad de elección, como Sumate; o a organizaciones como Transparencia Venezuela que promueve una gerencia pública libre de corrupción; o a instituciones que promueven la libertad de empresa como Cedice Libertad, conseguir fuentes de financiamiento privada en una Venezuela donde el sector privado está también sometido al dictamen totalitario de la "revolución".
Otro ejemplo es la reforma de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que ahora incluye también a los medios de difusión por suscripción y a los medios electrónicos.
Esta reforma de Ley incrementa la discrecionalidad del Ejecutivo paradefinir cuándo un mensaje incita o promueve el odio, la intolerancia o el delito, o qué constituye propaganda de guerra y fomenta zozobra en la ciudadanía o altera el orden público, al añadir la prohibición y penalización de todo mensaje que desconozca "a las autoridades legítimamente constituidas" o "incite o promueva el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente".
Las penalidades comprenden, para los medios radioeléctricos, multas de hasta 10% de sus ingresos brutos, y para los medios electrónicos multas desde 50 hasta 200 UT, o hasta un 4% de sus ingresos. Conatel, además, podrá aplicar medidas cautelares y a través de ellas ordenar la suspensión de los mensajes. El incumplimiento o inobservancia de la Ley puede llevar a revocar la habilitación administrativa y la concesión de los medios.
Sólo estas dos leyes, aprobadas a la carrera por una moribunda Asamblea, bastan para evidenciar que en Venezuela se impone el silencio que confisca la libertad de crítica y de opinión.
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