El abogado José Amalio Graterol, defensor de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, detenida desde diciembre de 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario, denunció hoy que el magistrado de la causa impide el acceso de su defendida a unos informes médicos.
El abogado explicó a Efe que Afiuni se sometió la semana pasada a exámenes médicos en una clínica privada designada por el magistrado del caso, Alí Paredes, en los que se determinó la necesidad de que la jueza se sometiera a una punción en uno de sus senos para descartar la posibilidad de que existan células cancerosas.
En vista de esos informes, el magistrado ordenó que la jueza fuera trasladada al hospital oncológico Padre Machado para validar los exámenes de la clínica y realizar nuevas pruebas, según el abogado.
Estos últimos exámenes, continuó, se realizaron ayer y de ellos se emitió un informe oficial, al que, según la defensa, la procesada no ha podido acceder.
"No tenemos acceso a esos informes médicos, y ni siquiera le han dicho a ella cuáles fueron los resultados de los exámenes que le hicieron en el hospital oncológico", declaró Graterol a Efe quien además dijo estar convencido de que "esto forma parte de la tortura psicológica que aplica el juez (Alí) Paredes" a Afiuni.
Según el letrado, los médicos del centro privado advirtieron sobre la presencia de osteoporosis, agravada por la falta de sol, y alteración de los valores sanguíneos de Afiuni, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde febrero pasado por razones de salud con obligación de comparecer cada quince días ante un tribunal.
Agregó que Paredes retuvo los exámenes médicos de la jueza, en lo que calificó de "tortura psicológica", y ha fijado una nueva fecha de comienzo del juicio para el 16 de septiembre.
El inicio del juicio a Afiuni fue fijado en un primer momento para el 31 de marzo, pero la negativa de la jueza a aceptar a Paredes como magistrado del caso mantiene el proceso congelado desde entonces.
Afiuni se encuentra detenida desde diciembre de 2009, después de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, pidiera la "pena máxima" contra ella por liberar a Eligio Cedeño, acusado por un caso de estafa al Estado y quien inmediatamente se marchó a Estados Unidos, donde le concedieron asilo político.
Hace un mes el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que los "políticos presos" enfermos merecen beneficios como casa por cárcel, además de todo el tratamiento médico necesario, independientemente del delito que haya cometido, y solicitó al poder judicial tomar en cuenta estos casos.
Graterol indica que ya se han hecho las gestiones para tener acceso al beneficio tomando en cuenta el estado de salud de su defendida pero el juez se ha negado a que ella escoja a sus médicos.
"Todo esto está pasando a organismos internacionales. A las Naciones Unidas le hicimos llegar la denuncia de que a la jueza no le permiten tomar sol y estamos adelantando otros mecanismos", aseguró el abogado.
Organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una "indebida interferencia política por parte del Ejecutivo".
FL/Globovisión / EFE
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