La marcha estudiantil culminó ayer en Caracas con disturbios donde fallecieron un integrante de un colectivo del 23 de Enero y un estudiante, mientras otras personas resultaron heridas. Las versiones sobre el origen de la violencia son contradictorias.
Al parecer, los activistas del colectivo pretendieron repetir lo ocurrido el martes en Mérida, donde el Gobierno les permitió que actuaran con total impunidad, causando heridas de bala a cinco personas, una de ellas herida de suma gravedad.
El presidente de la Asamblea Nacional, con la irresponsabilidad que lo caracteriza, acusó a dirigentes de la oposición de ser los responsables de la muerte del exagente de Policaracas y ahora dirigente del colectivo, pero guardó silencio sobre la otra persona asesinada. Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sorprendió al mundo al afirmar que no es funcionaria del Gobierno y aseguró que tiene fotos y grabaciones donde se demuestra quienes fueron los responsables del ataque que sufrió la institución que dirige.
El uso de armas de fuego debería estar prohibido para controlar manifestaciones, y los colectivos sinónimo de parapolicías- deberían ser desarmados. En otras ciudades del país también se produjeron hechos violentos. Lo que pudo haber sido una jornada cívica ejemplar terminó de manera lamentable.
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