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El Parlamento español aprobó este jueves una moción por la que se insta al Gobierno de Madrid a que continúe exigiendo a Venezuela que regularice las pensiones que han dejado de percibir unos tres mil españoles que adquirieron este derecho cuando residían en el país. La moción, impulsada por el opositor Partido Popular (PP), fue aprobada hoy en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (Cámara alta) a fin de reclamar las citadas pensiones retenidas a este grupo de españoles desde hace aproximadamente un año.
El senador del PP Dionisio García Carnero, que defendió la iniciativa, cifró en tres mil el número de españoles afectados por esta situación, que depende del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
García Carnero explicó que estos ciudadanos están en una situación "muy precaria", que, en su mayoría, dependen económicamente de sus familiares y que, en algunos casos, sobreviven gracias a la labor de las organizaciones sociales y de caridad.
Aunque se trata de una pensión de escasa cuantía -unos 300 euros (unos 400 dólares)- el senador del PP subrayó que para muchos de ellos es el "único recurso", puesto que se vieron obligados a dejar en Venezuela los bienes que poseían.
No obstante, recordó que, en cualquier caso, el pago de esta pensión es un derecho que devengaron con su trabajo en aquél país.
"El Gobierno debe actuar, no sólo en defensa de estos españoles, sino para exigir el cumplimiento de la ley", dijo García Carnero, para añadir que esta situación es "una muestra más de la carencia absoluta de seguridad jurídica y de respeto al Estado de Derecho" que se vive en Venezuela.
En opinión del senador, "exigir" no es "confrontar" e indicó que el Ejecutivo mantiene una posición "hasta humillante" ante las "bravuconerías" y "amenazas" del presidente venezolano, Hugo Chávez.
El texto acordado por los grupos parlamentarios pide que el Ejecutivo continúe exigiendo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que "curse las peticiones que le remitan los españoles acreedores de una pensión adquirida en virtud de la legislación venezolana a la que tienen derecho".
Tanto el opositor Partido Popular como el gobernante Partido Socialista (PSOE) reconocieron que este asunto ha sido reclamado ya por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ante las autoridades venezolanas, aunque García Carnero ha advertido de que si no hay resultados tras la Semana Santa, su grupo volverá a exponer la reivindicación.
La senadora socialista Carmen Sanjurjo aseguró que, aunque efectivamente ha habido "problemas" en la regularización de esta situación, "se han puesto las bases para resolverlos", y añadió que el Ejecutivo "no sólo ha puesto interés", sino que, desde abril de 2009, "se ha puesto manos a la obra".
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos aprobó la moción con catorce votos a favor y una abstención.
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