sábado, 27 de marzo de 2010

Ordenan arresto de otro opositor en Venezuela

Por CASTO OCANDO/cocando@elnuevoherald.com

Wilmer Azuaje, parlamentario por el estado Barinas que en el 2008 abandonó el chavismo, y ha denunciado extensamente la fortuna adquirida en una década por la familia del presidente Hugo Chávez, es la tercera figura opositora detenida y sometida a enjuiciamiento en menos de una semana, en medio de la mayor ofensiva oficial contra factores críticos en los últimos tiempos en Venezuela.

En una decisión anunciada este viernes en Caracas, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlada por el chavismo, ordenó el arresto de Azuaje y dijo que existen suficientes méritos para que la Asamblea Nacional le suspenda la inmunidad parlamentaria, un derecho constitucional que protege a los diputados de acciones legales en tribunales ordinarios.
Según el TSJ, Azuaje cometió un grave delito al presuntamente agredir a dos funcionarios policiales el jueves pasado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, Penales y Judiciales (CICPJ), en la capital venezolana.
Luego de la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional (AN) inició inmediatamente una sesión extraordinaria para quitarle la inmunidad, el primer paso para enjuiciarlo y eventualmente llevarlo a prisión.
“La inmunidad parlamentaria sirve para afirmar dentro del escenario parlamentario las cosas que queremos denunciar, pero no puede usarse para cometer delito y atropellar a las demás personas”, argumentó al inicio del debate el diputado oficialista Carlos Escarrá.
Azuaje, dirigente del opositor Partido Por la Democracia Social (Podemos), negó las acusaciones en su contra, y en cambio denunció una serie de irregularidades que violaron su condición de parlamentario, entre ellas ser esposado y mantenido bajo custodia sin haber sido acusado formalmente.
“El único pecado que he cometido es haber denunciado a la familia Chávez por corrupción en el estado Barinas”, dijo el parlamentario en una entrevista telefónica ayer con El Nuevo Herald.
Azuaje dijo que desde que se convirtió en disidente, ha sido víctima de 16 atentados con armas. El año pasado, acotó, un grupo de sicarios mataron a su hermano César, y su madre fue amenazada de muerte.
“Soy el único diputado en la historia de Venezuela que es detenido arbitrariamente sin saber por qué, en violación de todos mis derechos constitucionales”, dijo.
Azuaje explicó que el jueves acudió a la sede del CICPJ para regularizar los documentos de un vehículo que le había sido robado. Cuando la funcionaria que lo atendió se negó a realizar el trámite, se produjo un intercambio de palabras subido de tono que lo llevó a ser esposado momentáneamente.
El diputado dijo que posteriormente los funcionarios policiales con los que tuvo el incidente, le ofrecieron disculpas cuando se enteraron de su condición de parlamentario.
Pero repentinamente, dijo Azuaje, llegaron a la sede del CICPJ dos fiscales que le anunciaron que estaba siendo acusado de cometer un delito de agresión, y que debía permanecer bajo custodia.
El diputado denunció que lo esposaron por segunda vez, le infrigieron maltratos, y lo retuvieron ilegalmente casi toda la noche del jueves y el viernes.
“Lo que está pasando con Wilmer Azuaje es un acto de intimidación hacia la oposición”, dijo el parlamentario Ismael García, directivo de Podemos.
Se trata de un “pase de factura por las valientes denuncias que Azuaje ha hecho contra la familia Chávez, que eran unos pata en el suelo, y ahora son los mayores potentados de Barinas”, dijo García a El Nuevo Herald. “Le mataron a su hermano, le quemaron el carro, lo han agredido tres veces y a su mamá le quemaron parte de la cosecha de una finca y ahora por una discusión, quieren violar su inmunidad parlamentaria y meterlo preso", dijo la también diputada Pastora Medina, del Frente Popular Humanista, y disidente del chavismo.
La detención y el enjuiciamiento de Azuaje se produce cinco días después del encarcelamiento del ex gobernador Oswaldo Alvarez Paz, y el mismo día en que fue retenido y sometido a juicio el empresario Guillermo Zuloaga, principal accionista de la única televisora independiente en Venezuela.
Tanto Alvarez Paz como Zuloaga, están siendo procesados penalmente por emitir opiniones consideradas ofensivas y contrarias a Chávez.
Este viernes, el Departamento de Estado exigió al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos en Venezuela, haciendo allusion a las detenciones de Alvarez Paz y Zuloaga.
“Urgimos de nuevo al Gobierno de Venezuela a que cumpla con su compromiso asumido bajo la Carta Democrática Interamericana en el sentido de que los principios del respeto de los derechos humanos, incluida la liberta de expresión, son esenciales para las democracias representativas”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en una conferencia de prensa ayer en Washington.

No hay comentarios:

Publicar un comentario