sábado, 24 de julio de 2010

Chávez lleva las de ganar en puja por Globovisión

Por ALEJANDRA LABANCA/Especial para El Nuevo Herald

Las cosas no lucen bien para la emisora de televisión venezolana Globovisión. Observadores internacionales dicen que el presidente Hugo Chávez lleva las de ganar en su puja por conseguir intervenir el último medio masivo de comunicación independiente de Venezuela.

A pesar de que la emisora sostiene que las intenciones del gobierno de entrar como accionista carecen de sustento legal, sólo una fuerte condena internacional podría impedir que el estado venezolano se metiera en Globovisión, cuya cobertura es abiertamente antichavista.
"En Venezuela ya no hay ley. La ley es lo que dice Chávez'', declaró Susan Kaufman Purcell, directora del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami. "El campo de juego ya está inclinado a su favor. Si toma Globovisión, será otro medio más en manos del Estado''.
Chávez dijo el martes que su gobierno buscaría hacerse del 25.8 por ciento de las acciones de Globovisión, pertenecientes al cofundador de Globovisión, Nelson Mezerhane. Mezerhane es también dueño del Banco Federal, que fue recientemente intervenido por el estado venezolano argumentando problemas de liquidez. El presidente dijo que, como parte de la intervención estatal de las empresas del banquero, el gobierno asumirá el paquete accionario de éste en Globovisión.
"Nos estamos incorporando al negocio'', afirmó Chávez. "Voy a recomendar a alguien para que vaya a defender los intereses del accionista [el Estado]''.
Según Chávez, el gobierno podría incluso buscar llevar su participación a casi el 50 por ciento con otro 20 por ciento de Globovisión perteneciente a otro accionista que falleció.
El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, afirmó al El Nuevo Herald el viernes que Chávez tendría que violar la ley para hacerse de las acciones de su empresa.
"Desde el punto de vista jurídico, Globovisión no tiene nada de qué preocuparse hasta el 2015, cuando tenemos que renovar la concesión'', aseguró.
Zuloaga y su hijo, llamado también Guillermo, están prófugos desde que el gobierno pidió su captura en junio por el delito de usura genérica.
Agregó Zuloaga que el Banco Federal no es accionista de Globovisión, sino que Mezerhane era dueño del 20 por ciento de Corpomedios, la empresa controladora de Globovisión. Zuloaga tiene el 80 por ciento de las acciones de Corpomedios y, por lo tanto, la controla.
Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas en el Amherst College de Massachusetts y un estudioso de Venezuela, dijo que si Chávez realmente quiere avanzar sobre Globovisión, quedan ya pocos frenos para detenerlo.
"El gobierno cuenta con leyes que le permiten hacer todo esto. Ya pudo someter a muchas instituciones y la sociedad civil ya no se puede defender. En países democráticos eso se dirimiría en las cortes, aquí no existe esa posibilidad. Tampoco puede contarse con el Congreso, porque Chávez tiene algo así como el 92 por ciento'', indicó.
En sus más de 10 años en el poder, Chávez ha avanzado sobre las instituciones venezolanas de forma lenta pero segura. Purcell, de la Universidad de Miami, definió el derrotero del presidente como una estrategia deliberada desde 1998.
"Usó sus años de alta popularidad para poner a personas leales en puestos clave y para cambiar las reglas del juego'', explicó.
En esa estrategia se inscriben la reforma constitucional de 1999 que fortaleció el poder ejecutivo, formó un Congreso unicameral y disolvió la Corte Suprema. La Corte fue reemplazada por un tribunal de 32 jueces en el que Chávez puede designar y remover miembros. Un boicot de las elecciones parlamentarias del 2005 por parte de la oposición permitió que Chávez capturara la totalidad del Congreso.
El gobierno de Chávez además ha acosado e intervenido consistentemente los medios de comunicación. Tan sólo en el 2009, cerró 32 estaciones de radio y amenazó con cancelar concesiones a otras 200. También cerró dos canales regionales de televisión. Pero el caso más sonado fue el de Radio Caracas Televisión (RCTV) en el 2007, una emisora de tendencia opositora a la cual le negaron la renovación de la licencia tras acusarla de intentar desestabilizar al gobierno.
"Su objetivo es silenciar a la oposición y tener una dictadura electa por las urnas'', amplió Purcell.
Los medios independientes no han desaparecido en Venezuela. Pero se concentran en la prensa escrita de Caracas, donde revistas como Z y Tal Cual y periódicos como El Nacional son críticos del gobierno. Corrales cree que el gobierno se empeña en controlar sobre todo el espacio radiofónico y televisivo porque éstos son los medios que llegan a la base de poder de Chávez, los millones de pobres venezolanos.
¿Pero por qué Globovisión ahora?
Para Corrales, las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre explicarían por qué Chávez ha arremetido ahora contra Globovisión, una empresa que sufre desde hace ya muchos años intimidaciones, multas millonarias y denuncias judiciales.
Purcell ve en la movida un intento del presidente de recuperar el control de un país que se mueve hacia una crisis económica y social.
"El hecho de que esté tratando de destruir Globovisión parece indicar que Chávez necesita asegurarse el control de la situación en Venezuela, porque la economía está desbocada y las encuestas muestran que su respaldo está en los niveles más bajos de su presidencia'', dijo. "El presidente está perdiendo el apoyo de los pobres, que son su base, porque a éstos les afecta desproporcionadamente la alta inflación y los altos niveles de criminalidad''.
Hasta el 2008, Chávez ganó sistemáticamente elecciones que siempre fueron calificadas como limpias por observadores internacionales, a pesar de que el contexto electoral era altamente favorable al oficialismo. En el 2007, el chavismo perdió una elección por primera vez, cuando la mayoría de los venezolanos rechazaron un referendo cuya principal provisión era permitir la reelección indefinida del presidente. Un año más tarde, la oposición ganó terreno en la elección de alcaldes y gobernadores.
Las amenazas contra Globovisión contrastan con una bonanza para los medios de comunicación oficialistas, que reciben la publicidad de empresas públicas como PDVSA y CANTV (dos compañías que controlan la economía venezolana) en detrimento de los medios opositores.
El gobierno ha ido construyendo un imperio mediático y ya controla siete canales de televisión, dos radioemisoras y tres diarios sólo en la capital y tiene atribuciones para llamar a cadena nacional, algo que Chávez hace normalmente dos o tres veces por día.
Esto ha dejado a la oposición pocos espacios para hacer llegar su mensaje electoral, a pesar de que la inflación y los altos niveles de delito le dan munición de sobra.
Zuloaga afirmó que hará valer sus razones legales ante los poderes judiciales de Venezuela. "Están todos sumisos a Chávez, pero mientras él quiera mantener una fachada va a tener que respetar nuestro derecho. Y luego también está el pueblo venezolano, que va a demostrar su deseo de tener acceso a información independiente y su disconformidad si ese derecho se pisotea'', dijo.
De hecho, los expertos coinciden en que si Chávez avanza sobre Globovisión no será sin costos.
"Esa puede ser tal vez una de las medidas más costosas de su gobierno, que insiste en decir que es una democracia. Pero si intervienen en Globovisión esa imagen se va a caer. No hay mucha gente que entiende lo que es realmente una democracia, que pueda aceptar una medida así'', afirmó Corrales.
La comunidad internacional ya se ha hecho oír.
El gobierno de los Estados Unidos dijo esta semana que estaba atento al desarrollo del caso Globovisión en Venezuela.
La Sociedad Interamericana de Prensa emitió uno de los comunicados más fuertes de su historia al calificar de "inaudita, torpe y malévola'' la estrategia de Chávez y llamar a los organismos unilaterales y la opinión pública a no dejarse "distraer'' por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.
Esto "no es otra cosa que ocupar con impunidad legal y judicial a un medio que no pudo doblegar como lo hizo con otros, a los que cerró impunemente'', afirmó Alejandro Aguirre, titular de la SIP.
El reportero de The Miami Herald, Jim Wyss, contribuyó a esta nota desde Caracas.

Cort. El Nuevo Herald

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