miércoles, 21 de julio de 2010

Human Right Watch denunció que Chávez quiere controlar el debate público en Venezuela

AAS/Globovisión

Venezuela debe cerrar la nueva oficina de censura de Chávez Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier “información, hecho o circunstancia” que considere confidencial.

La organización indica que esta oficina “otorga al gobierno de Chávez amplios poderes para limitar el debate público”. Además, exhortaron al Jefe de Estado a “concluir el procesamiento y la persecución de opositores y las restricciones a la circulación de información”.
A juicio del director para América de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, “el nuevo organismo permitiría al presidente impedir que se debatan temas que no sean convenientes para su gobierno, lo cual vulnera flagrantemente los derechos de expresión e información, que constituyen uno de los pilares de una sociedad democrática”.
A través de un comunicado de prensa, Vivanco recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prohíbe expresamente la censura previa, y este tipo de restricciones arbitrarias al derecho a recibir e impartir información resultan incompatibles con las obligaciones jurídicas asumidas por Venezuela.
Recordó que algunos defensores de derechos humanos han sufrido amenazas luego de criticar políticas del gobierno. Entre ellos se encuentra el caso del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien está siendo investigado por criticar a Chávez en declaraciones públicas expresadas en Aruba, cuando afirmó que Chávez había atentado contra la libertad de expresión al cerrar medios de comunicación y que había “ordenado disparar” a manifestantes durante los hechos de abril de 2002.
El 11 de junio, el juez a cargo de la investigación de las presuntas irregularidades en el negocio de venta de autos emitió una orden de arresto en contra de Zuloaga y su hijo pese a que, según el abogado de Zuloaga, la investigación había estado paralizada durante varios meses.
Entre otros casos, se señalan los de la periodista Rocío San Miguel y el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz.

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