SAN SALVADOR (AFP) - Las pandillas mafiosas que azotan América Central, conocidas como maras, mantienen en vilo a varios gobiernos, que multiplican leyes y normas para combatir a los miles de integrantes de estos grupos surgidos un cuarto de siglo atrás en los barrios hispanos de Los Angeles.
El fenómeno de las maras se concentra en el denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países caracterizados por la pobreza y la desintegración familiar debido a la migración.
"Las investigaciones realizadas durante 15 años demuestran que las pandillas son el resultado de la confluencia de factores de orden social, económico, políticos, institucionales y geopolíticos", declaró la directora del Institituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, a la AFP.
La socióloga Aguilar, explicó que también las maras son el resultado de "familias disfuncionales que no asumen su papel de tutela" y también de los Estados que privilegiaron la represión y no alentaron "verderas" oportunidades educativas y laborales.
En El Salvador, donde el fenómeno toma mayor fuerza, las maras son verdaderas organizaciones mafiosas que están implicadas en tráfico de drogas y armas, extorsión y secuestros, y dieron muestra de su poder a comienzos de este mes al imponer un paro de autobuses de tres días para intentar impedir la promulgación de la ley que las proscribe.
Esa ley establece que "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como Mara Salvatrucha, MS 13, Mara 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao", y fija penas de prisión --sólo por el hecho de integrarlas-- de siete a diez años para sus líderes y de seis años para los otros miembros.
Actualmente unos 7.000 pandilleros están presos en El Salvador, pero se estima que en las calles pueden haber entre 9.000 y 20.000 más, pues muchos adolescentes son reclutados diariamente, según la policía.
La Mara 18 y la Mara Salvatrucha, las dos pandillas más famosas, surgieron en la década de 1980 en barrios "latinos" de Los Angeles, y se extendieron en Centroamérica luego de la deportación desde Estados Unidos a sus países de origen de miles de inmigrantes.
Las "maras", abreviación de "marabunta", hormiga devoradora de la Amazonia, tienen miles de miembros en países como Guatemala y Honduras, donde las tasas de criminalidad también están entre las más altas de América Latina.
"Para el gobierno es necesario aumentar el control sobre este tipo de agrupaciones (pandillas) para implementar acciones que permitan combatir y prevenir la violencia", declaró el presidente salvadoreño Mauricio Funes.
Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, ha relativizado el impacto de la ley.
Luna llamó a las autoridades a no crear "falsas expectativas" de que con la ley se acabarán las pandillas, a las que se atribuye gran parte del alto número de homicidios en el país: 13 al día en promedio.
Algunos jueces salvadoreños también han advertido que la ley "no soluciona el problema de la delincuencia", mientras otros países centroamericanos --Guatemala, Honduras y Nicaragua-- temen que lleve a pandilleros salvadoreños a emigrar hacia allí.
Por ejemplo, Guatemala, que sufre el flagelo del crimen organizado mexicano en su territorio, reforzó la vigilancia para impedir la llegada de mareros salvadoreños.
Las actividades de los pandilleros se suman a las de los carteles de drogas. Narcotraficantes mexicanos y colombianos tienen desde hace años "enlaces" a través de América Central, pasadizo para la cocaína que trasiegan desde Sudamérica hacia Norteamérica, lo que ha deteriorado los niveles de seguridad.
El fenómeno de las maras se concentra en el denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países caracterizados por la pobreza y la desintegración familiar debido a la migración.
"Las investigaciones realizadas durante 15 años demuestran que las pandillas son el resultado de la confluencia de factores de orden social, económico, políticos, institucionales y geopolíticos", declaró la directora del Institituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, a la AFP.
La socióloga Aguilar, explicó que también las maras son el resultado de "familias disfuncionales que no asumen su papel de tutela" y también de los Estados que privilegiaron la represión y no alentaron "verderas" oportunidades educativas y laborales.
En El Salvador, donde el fenómeno toma mayor fuerza, las maras son verdaderas organizaciones mafiosas que están implicadas en tráfico de drogas y armas, extorsión y secuestros, y dieron muestra de su poder a comienzos de este mes al imponer un paro de autobuses de tres días para intentar impedir la promulgación de la ley que las proscribe.
Esa ley establece que "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como Mara Salvatrucha, MS 13, Mara 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao", y fija penas de prisión --sólo por el hecho de integrarlas-- de siete a diez años para sus líderes y de seis años para los otros miembros.
Actualmente unos 7.000 pandilleros están presos en El Salvador, pero se estima que en las calles pueden haber entre 9.000 y 20.000 más, pues muchos adolescentes son reclutados diariamente, según la policía.
La Mara 18 y la Mara Salvatrucha, las dos pandillas más famosas, surgieron en la década de 1980 en barrios "latinos" de Los Angeles, y se extendieron en Centroamérica luego de la deportación desde Estados Unidos a sus países de origen de miles de inmigrantes.
Las "maras", abreviación de "marabunta", hormiga devoradora de la Amazonia, tienen miles de miembros en países como Guatemala y Honduras, donde las tasas de criminalidad también están entre las más altas de América Latina.
"Para el gobierno es necesario aumentar el control sobre este tipo de agrupaciones (pandillas) para implementar acciones que permitan combatir y prevenir la violencia", declaró el presidente salvadoreño Mauricio Funes.
Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, ha relativizado el impacto de la ley.
Luna llamó a las autoridades a no crear "falsas expectativas" de que con la ley se acabarán las pandillas, a las que se atribuye gran parte del alto número de homicidios en el país: 13 al día en promedio.
Algunos jueces salvadoreños también han advertido que la ley "no soluciona el problema de la delincuencia", mientras otros países centroamericanos --Guatemala, Honduras y Nicaragua-- temen que lleve a pandilleros salvadoreños a emigrar hacia allí.
Por ejemplo, Guatemala, que sufre el flagelo del crimen organizado mexicano en su territorio, reforzó la vigilancia para impedir la llegada de mareros salvadoreños.
Las actividades de los pandilleros se suman a las de los carteles de drogas. Narcotraficantes mexicanos y colombianos tienen desde hace años "enlaces" a través de América Central, pasadizo para la cocaína que trasiegan desde Sudamérica hacia Norteamérica, lo que ha deteriorado los niveles de seguridad.
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