Alcabalas del miedo

Reales o usurpadas, los puestos policiales han cobrado la vida de muchas personas en los últimos años. Pese a que solo tienen un nivel de efectividad de 2% siguen siendo practicadas y bajo parámetros nada confiables. Es cada vez más común que el uso de la fuerza policial no sea proporcional a la amenaza, dice el criminólogo Mármol García

KEILYN ITRIAGO MARRUFO/NDO/TalCualDigital
A casi seis años del hallazgo de los cuerpos sin vida de los hermanos Faddoul y de su chofer, otra historia vuelve a colocar en el debate el nivel de ineficiencia y debilidad de las alcabalas policiales.

La muerte de la joven Karen Berendique, hija del cónsul de Chile en Maracaibo, deja claro, en primer lugar, que para la ciudadanía una alcabala sigue siendo sinónimo de secuestro y delito; y, por otro lado, que para los cuerpos policiales los disparos parecen ser la manera más fácil de actuar ante estos eventos.

El criminólogo Fermín Mármol García explica que esta situación sería distinta si se cumpliera la resolución 188 que el Ministerio de Interior y Justicia emitió en mayo de 2006, en la que se indican las circunstancias de forma en que se deben colocar las alcabalas móviles policiales.

Según la normativa, en este tipo de acciones se establece un número mínimo de funcionarios que deben estar debidamente uniformados e identificados, con radiopatrullas que muestren claramente los logos de los cuerpos de seguridad y con sus cocteleras de luz encendida.

"Además de necesariamente colocar letreros portátiles y conos que van anunciando la llegada a una alcabala, ésta debe ser multidisciplinaria, es decir, tienen que estar por lo menos dos instituciones del Estado representadas allí. Por ejemplo, el Cicpc junto con tránsito, o la policía municipal junto con la estadal", agrega el experto, quien asegura que esto ocurre de forma contraria en el desempeño de la mayoría de los que integran las 134 policías uniformadas que tiene el país.

DISPAROS COMO LLUVIA
En el caso del asesinato de la hija del diplomático, los doce funcionarios del Cicpc que dieron la voz de alto dispararon inexplicablemente contra el carro en que se trasladaba junto a su hermano. "La huida por parte de un presunto infractor no es amenaza para el funcionario, sino la interpretación de que debe iniciarse una persecución, pero no batirse a tiros", sostiene el criminólogo.

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Julio Montoya, considera que debe haber una profunda investigación dada la negligencia con que operaron los cuerpos policiales.

"Ellos estaban de civil y esta es una operación demasiado confusa que deja duda de qué iban a hacer, si estaban en una acción policial o estaban en algo distinto", agrega.

El parlamentario considera que si hubiera sido la policía municipal de Maracaibo la involucrada, lo más probable es que en este momento ya estuviera intervenida porque los criterios para analizar los entes policiales nacionales y municipales son totalmente distintos en este país politizado.