El Estado venezolano, tras la nacionalización de la empresa Siderúrgica de Turbio (Sidetur), pasará a controlar 80% del mercado de cabillas, insumo de vital importancia para la construcción de viviendas en el país.
Así lo indicó el presidente de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Carlos de Oliveira, tal y como lo destaca en su edición de este martes el diario Correo del Orinoco.
Explicó que esta es una medida necesaria pues algunas empresas privadas no están en consonancia con los objetivos del país.
El nuevo titular de la empresa siderúrgica agregó que esta acción de nacionalización forma parte del Plan Guayana Socialista.
“El hierro y el acero impactan en el desarrollo de proyectos que apuntalan el sector de la construcción. Hoy nos sentimos fortalecidos con esta medida, que no es accidental ni aislada sino que obedece a una coyuntura, porque el Presidente tomó el tema de la vivienda como algo personal”, dijo.
Por otra parte, el rotativo refiere declaraciones del ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minerías, Jose Khan, con respecto a las medidas de expropiación de urbanismos anunciadas por el Jefe de Estado venezolano.
Indicó que tiene como finalidad cumplir con el plan de viviendas y “no existe retaliación contra nadie. Nosotros garantizamos la estabilidad laboral. Los beneficios serán para los que no comparten la medida como para los que la comparten. Entendemos que algunos manifiesten temor por su empleo, pero respetaremos el derecho de todos”.
Asimismo, el Correo del Orinoco reseñó el recorrido realizado por los ministros de Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina y del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, por las instalaciones del Conjunto Residencial San José del Ávila, ubicado al final de la avenida Baralt, en Caracas.
Molina y Canán garantizaron que el Ejecutivo Nacional se responsabilizará por la culminación de las edificaciones.
De igual modo, el titular de Min-Comercio manifestó que “todos los apartamentos tienen su propietario. No hay disponibilidad de ocupación de espacios vacíos. La información es que no querían entregar los apartamentos a pesar de estar concluidos y presionaban a los compradores con el cobro del IPC (índice de precios al consumidor)”.
Así lo indicó el presidente de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Carlos de Oliveira, tal y como lo destaca en su edición de este martes el diario Correo del Orinoco.
Explicó que esta es una medida necesaria pues algunas empresas privadas no están en consonancia con los objetivos del país.
El nuevo titular de la empresa siderúrgica agregó que esta acción de nacionalización forma parte del Plan Guayana Socialista.
“El hierro y el acero impactan en el desarrollo de proyectos que apuntalan el sector de la construcción. Hoy nos sentimos fortalecidos con esta medida, que no es accidental ni aislada sino que obedece a una coyuntura, porque el Presidente tomó el tema de la vivienda como algo personal”, dijo.
Por otra parte, el rotativo refiere declaraciones del ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minerías, Jose Khan, con respecto a las medidas de expropiación de urbanismos anunciadas por el Jefe de Estado venezolano.
Indicó que tiene como finalidad cumplir con el plan de viviendas y “no existe retaliación contra nadie. Nosotros garantizamos la estabilidad laboral. Los beneficios serán para los que no comparten la medida como para los que la comparten. Entendemos que algunos manifiesten temor por su empleo, pero respetaremos el derecho de todos”.
Asimismo, el Correo del Orinoco reseñó el recorrido realizado por los ministros de Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina y del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, por las instalaciones del Conjunto Residencial San José del Ávila, ubicado al final de la avenida Baralt, en Caracas.
Molina y Canán garantizaron que el Ejecutivo Nacional se responsabilizará por la culminación de las edificaciones.
De igual modo, el titular de Min-Comercio manifestó que “todos los apartamentos tienen su propietario. No hay disponibilidad de ocupación de espacios vacíos. La información es que no querían entregar los apartamentos a pesar de estar concluidos y presionaban a los compradores con el cobro del IPC (índice de precios al consumidor)”.
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