Por: VenEconomía
Este martes 22 de noviembre, desde el 23 de Enero y con el acompañamiento de un nutrido séquito, la nueva superintendente de Costos y Precios, Karlin Johanna Granadillo Ramírez; el vicepresidente Elías Jaua y la voz del primer mandatario llegada por el hilo telefónico dieron luz verde a la Ley de Costos y Precios Justos. Una Ley que pareciera será en adelante la legislación bandera del régimen castrochavista.
Esta intrincada Ley, que busca tomar control de toda la estructura de costos y precios del sistema productivo, entra en vigencia en medio de una total incertidumbre, donde pocas normas se han definido, donde nadie sabe a cabalidad cuál es el alcance del perjuicio que la norma le acarreará y más insólito aún, no se sabe qué es un “costo” para propósitos de la ley.
Para comenzar, aunque se hace el amago de “cumplir” con la formalidad de publicar un Reglamento, los reglamentos parciales publicadas hasta ahora no tratan lo medular de la Ley: los parámetros que se utilizarán para analizar y fijar los costos y los precios. Esas definiciones fueron dejadas a mano de eventuales providencias.
Otro de los meollos del asunto, es que pareciera que no se reconocerán los gastos indirectos tales como, la depreciación y los gastos de publicidad.
En esa dirección iría la declaración de Jaua informando que, entre otros, la ley no reconocerá “gastos exagerados de publicidad”. Para algunos analistas éste es otro paso del Gobierno para borrar de la mente del venezolano la imagen de la empresa privada, sus logros y sus aportes al país, el cual se suma a las medidas contra las vallas, avisos luminosos y publicidad en los transportes públicos y la eliminación de la publicidad en comercios del Municipio Libertador.
Otra arbitrariedad es que a pesar de que el Reglamento le da un lapso de 90 días hábiles a la Superintendencia para que “implemente y desarrolle los procedimientos de inspección y fiscalización respectivos”, el propio mandatario nacional anunció el inicio de inmediato de una auditoría detallada de los “costos reales” de las empresas. Especificando con nombre y apellido a más de una docena de empresas emblemáticas tales como, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Polar, Pepsi Cola, Coca Cola, Nestlé, Johnson & Johnson, Heinz, Smith Kline, Manpa, Biopapel, AgroFruit, Unilever, Knorr y Glaxo, entre otras.
Un abreboca de lo que trae la Ley consigo es que de entrada se congelaron los precios de 19 productos de aseo e higiene personal hasta el 15 de diciembre, fecha en la cual se supone que se habrán completado sus primeras “auditorías”. Según se dejó colar, luego vendrán por los alimentos, los productos de limpieza del hogar y las medicinas. No hay que olvidar que la meta de Chávez es que esta Ley se aplique a la larga a todos los bienes y servicios producidos y/o comercializados en el territorio nacional.
Dentro de nada, no sólo se verán más empresas extinguiéndose por el estrangulamiento de la Ley, sino que además en el colectivo sólo predominará la publicidad y promoción de las empresas del régimen y, por supuesto, la talla del caudillo.
Esta intrincada Ley, que busca tomar control de toda la estructura de costos y precios del sistema productivo, entra en vigencia en medio de una total incertidumbre, donde pocas normas se han definido, donde nadie sabe a cabalidad cuál es el alcance del perjuicio que la norma le acarreará y más insólito aún, no se sabe qué es un “costo” para propósitos de la ley.
Para comenzar, aunque se hace el amago de “cumplir” con la formalidad de publicar un Reglamento, los reglamentos parciales publicadas hasta ahora no tratan lo medular de la Ley: los parámetros que se utilizarán para analizar y fijar los costos y los precios. Esas definiciones fueron dejadas a mano de eventuales providencias.
Otro de los meollos del asunto, es que pareciera que no se reconocerán los gastos indirectos tales como, la depreciación y los gastos de publicidad.
En esa dirección iría la declaración de Jaua informando que, entre otros, la ley no reconocerá “gastos exagerados de publicidad”. Para algunos analistas éste es otro paso del Gobierno para borrar de la mente del venezolano la imagen de la empresa privada, sus logros y sus aportes al país, el cual se suma a las medidas contra las vallas, avisos luminosos y publicidad en los transportes públicos y la eliminación de la publicidad en comercios del Municipio Libertador.
Otra arbitrariedad es que a pesar de que el Reglamento le da un lapso de 90 días hábiles a la Superintendencia para que “implemente y desarrolle los procedimientos de inspección y fiscalización respectivos”, el propio mandatario nacional anunció el inicio de inmediato de una auditoría detallada de los “costos reales” de las empresas. Especificando con nombre y apellido a más de una docena de empresas emblemáticas tales como, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Polar, Pepsi Cola, Coca Cola, Nestlé, Johnson & Johnson, Heinz, Smith Kline, Manpa, Biopapel, AgroFruit, Unilever, Knorr y Glaxo, entre otras.
Un abreboca de lo que trae la Ley consigo es que de entrada se congelaron los precios de 19 productos de aseo e higiene personal hasta el 15 de diciembre, fecha en la cual se supone que se habrán completado sus primeras “auditorías”. Según se dejó colar, luego vendrán por los alimentos, los productos de limpieza del hogar y las medicinas. No hay que olvidar que la meta de Chávez es que esta Ley se aplique a la larga a todos los bienes y servicios producidos y/o comercializados en el territorio nacional.
Dentro de nada, no sólo se verán más empresas extinguiéndose por el estrangulamiento de la Ley, sino que además en el colectivo sólo predominará la publicidad y promoción de las empresas del régimen y, por supuesto, la talla del caudillo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario