Con esta ley, aprobada por 80 de los 91 diputados, Nicaragua pretende cubrir el 41% de la demanda de hidrocarburos de Centroamérica, anunció el presidente del Parlamento, René Núñez.
El complejo -denominado El supremo sueño de Bolívar- será ejecutado por la empresa privada Albanisa, en la que Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene una participación accionaria del 51% y la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) del 49%, indica la ley.
La obra será construida en la zona costera de Miramar del municipio de Nagarote, en el departamento de León, a 90 km al noroeste de la capital, según el proyecto aprobado.
Con el complejo, que no tiene plazo definido de ejecución, se pretende generar 5,000 empleos directos, lo que según el oficialismo es un paso importante para combatir la pobreza que afecta al 44.1% de los seis millones de nicaragüenses.
"Es un paso más del gobierno para mejorar la situación económica del país", expresó la diputada sandinista Xochil Ocampo.
La primera fase del proyecto comprende la construcción de plantas de refinación, almacenamiento y distribución de combustible y de llenado de gas licuado de petróleo.
La segunda etapa consiste en la construcción de un oleoducto interoceánico para transportar los combustibles y la tercera en la construcción de plantas para la producción de polietileno, polipropileno y cloruro de polivinilo, entre otras obras.
La ley autoriza a Albanisa a solicitar la expropiación de las zonas dónde se levantarán las obras, mediante una declaratoria de utilidad pública que prevé indemnizar a los afectados.
También concede a la firma amplios beneficios fiscales para la compra de equipos y repuestos y la exonera del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante la construcción del complejo, mientras que en los 10 años siguientes pagará tasas reducidas.
Los opositores advirtieron que la refinería -que planea procesar 150,000 barriles de crudo al día- es una de "las industrias más tóxicas" que hay en el mundo y dijeron que es lamentable que el oficialismo haya decidido aprobar su ejecución sin un previo estudio de impacto ambiental.
Según el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, los estudios de factibilidad fueron confiados a la compañía francesa Axens.
Globovisión/El Nuevo Diario de Nicaragua
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