En un país no comunista la política de inquilinato o arrendamiento de viviendas funciona en base a dos ejes: 1) El de la oferta y demanda. Cuando un mayor número de personas requieran viviendas para arrendar, los alquileres suben provocando la construcción de más viviendas con lo cual el alquiler cae de nuevo. 2). El segundo eje es el de una renta razonable para los propietarios. Si la inversión requerida para construir o acondicionar un inmueble para el alquiler no genera un retorno equitativo y razonable, no hay inversión posible.De espaldas a esta lógica universal, los genios de la revolución de Chávez han diseñado una reforma a la Ley de Inquilinato (ahora la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios), aprobada en primera discusión por los rojitos parlamentarios. La nueva legislación iría en contrasentido a esta regla y condenaría el mercado de alquiler de viviendas a su extinción.Entre varios aspectos, la reforma impondría que el alquiler no sobrepase el 20% del ingreso del inquilino. Con ello, lejos de beneficiar al usuario, garantizaría que muy pocos, por no decir ninguno, invierta para construir viviendas para alquilar. Más aún, así como se ha dejado colar, el Gobierno podría terminar haciéndose de las propiedades, para luego dársela al inquilino en una suerte de propiedad social, sin el goce del derecho a disposición del bien.Adicionalmente, según se informa, se ha propuesto que, después de cierta cantidad de años, el inquilino tendría la opción de adquirir el inmueble a un precio fijado por el gobierno y con el derecho de aplicar el 100% de lo pagado en alquiler a la cuota inicial del inmueble. Con esta arbitrariedad se desestimularía, aún mas, la inversión en viviendas en un país con un déficit habitacional de más de 2,0 millones de unidades, además de violar el precepto constitucional de la no retroactividad de las leyes.La "buena" noticia, es que los parlamentarios rojitos pospusieron la segunda discusión de la reforma de Ley, por ahora, hasta octubre.
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