Mediante un comunicado, representantes del Colegio de Abogados de Caracas condenaron las investigaciones que emprendió el Ministerio Público contra la familia del productor agropecuario Franklin Brito por presunta inducción al suicidio.
"Tal acción constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica de Venezuela, sólo comparable con la inquisición en los tiempos de la colonia. Es una clara violación del derecho a la protesta y a la libre expresión del pensamiento y de la denuncia, que convierte a la víctima en victimario, lo que significa un hecho preocupante y altamente peligroso", señala el texto que fue dado a conocer por Elinor Montes, miembro de la directiva de ese cuerpo colegiado.
Tras recordar al gobierno que es deber del Estado garantizar el respeto a la dignidad de los seres humanos, el equilibrio entre los Poderes Públicos, el Estado de Derecho y la Democracia, el Colegio de Abogados señaló que en el caso de Franklin Brito el Estado violó los derechos de la protección a la familia, de honor y reputación e infligió tortura psicológica.
Elinor Montes alertó que el gobierno "coloca a la Fiscalía General de la República al margen del respeto a los Derechos Humanos en Venezuela", al tiempo que agregó que "la reclusión de Brito reflejó violación a la vida, la integridad física, psíquica y moral; a la libertad, la salud el derecho a la defensa, al debido proceso, y de acceso a la justicia", entre otros.
Aseveró que el derecho a la protesta pacífica mediante una huelga de hambre no es un suicidio, “el huelguista lo que quería era que se restituyeran los derechos infringidos y el único método que encontró fue el de la huelga. En ese particular refirió que ciertamente la Organización Mundial de la Salud ha establecido que en el derecho a huelga la consecuencia puede ser la muerte, y que hay personas que están dispuesta a asumirla. “Tal fue el caso de Franklin Brito, ahora, no por ello pueden juzgarse a las personas que apoyaron al huelguista porque esto no procede”.
La vocera del Colegio de Abogados manifestó que la vida de Brito estaba en custodia del Estado venezolano en el momento que la Fiscalía inició un amparo fundamentado en un artículo derogado. “Y además lo aíslan en un lugar sin las condiciones adecuadas, fue alojado en un depósito violando su derecho a la intimidad. El Estado es el responsable de la muerte de Franklin Brito; se violaron 16 derechos humanos, el Estado lo dejó morir y es un hecho imputado al gobierno venezolano”.
Por su parte, Ángela Brito, hija del productor recientemente fallecido, acompañada por su madre y por el amigo de la familia y luchador social, Pablo Medina, repudió que el gobierno "esté utilizando todo el poder del Estado en contra de una familia humilde, y que ni siquiera respete el dolor que sentimos por la muerte de mi padre". En tal sentido subrayó que la Fiscal debería investigar los actos de corrupción denunciados en su oportunidad por Brito y que dieron pie a toda esta situación.
Según Ángela Brito, las denuncias involucran al ministro Juan Carlos Loyo, a Jesse Chacón, y otros personeros del gobierno. También exhortó a investigar la actuación del Presidente de la República, quien tuvo a su padre nueve meses en el Hospital Militar, "bajo condiciones de tortura y donde se le impedía ser atendido por médicos de su confianza".
Por último, Elena Rodríguez de Brito, esposa del agroproductor, recordó que las dos últimas semanas del huelguista "fueron realmente trágicas".
“Mi esposo murió pidiéndole al Presidente que se pronunciara y no lo hizo; estamos en la lucha para rescatar el honor de Franklin Brito y acudimos a instancias internacionales porque no va a quedar un ser humano que no se entere sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela. Nuestras denuncias están plenamente sustentadas y están siendo difundidas a todo el mundo. La familia Brito está en pie de lucha y así seguiremos, dando la cara ante esta situación. No estamos improvisando sabemos contra quien estamos luchando y aunque pasen mil años, algún día se sabrá la verdad”, concluyó.
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