La semana pasada una Corte Federal de Apelación de los Estados Unidos dictaminó que la Corte Federal de Ohio tenía jurisdicción en el Caso de los Bonos de Bandagro.
Con esta decisión se revive un riesgo económico para Venezuela: Tener que desembolsar varios millardos de dólares para pagar unos bonos supuestamente emitidos por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), los cuales han sido declarados fraudulentos en diferentes ocasiones por varios evaluadores de estos papeles.
Este caso se remonta a principios de 1990, cuando por primera vez se intentó cobrar unos bonos que supuestamente habían sido emitidos por Bandagro en 1981, antes de que este banco estatal fuese liquidado tras una década de estar intervenido por quiebra. El Gobierno de entonces, determinó que los bonos eran falsos y alertó a los organismos competentes la intención de un posible fraude a la República. Incluso, los supuestos firmantes de los pretendidos bonos declararon que las firmas eran falsificadas.
Años después, durante el segundo mandato de Rafael Caldera, hubo otro intento fallido de cobrar los bonos.
Posteriormente, en 2004 surgió un tercer intento de cobro, cuando el Grupo panameño Triad solicitó al Gobierno de Hugo Chávez que validara unos bonos que estaban en su posesión y que supuestamente había emitido Bandagro en 1981.
Lamentablemente, este tercer intento fue mal manejado por las autoridades. El entonces Ministro de Finanzas, Tobías Nobrega, pidió una investigación interna para averiguar la validez o no de los referidos bonos. De esta investigación surgió un informe mal redactado y ambiguo que se prestaba a cualquier interpretación.
Posteriormente, la procuradora de la República en ese momento, Marisol Plaza, emitió otro informe, también mal redactado, certificando la validez de los bonos. Si bien esa primera opinión de la procuradora Plaza fue posteriormente rectificada, abrió en el ínterin una ventana de oportunidad para que varios inversionistas "compraran" los referidos bonos respaldándose en la opinión de esa funcionaria.
En la actualidad cursan tres demandas a nivel internacional por estos bonos: una en Washington por $20 millones;una de $100 millones en Ohio y otra en Suiza por $1.075 millones. Todas ellas sustentadas, no en la validez de los bonos, sino en el hecho de que fueron adquiridos basándose en la opinión de la procuradora Plaza.
En el caso de la demanda de Ohio, el Gobierno de Venezuela le solicitó a la Corte que declarara la no jurisdicción de Estados Unidos para conocer la demanda. Ahora con la desestimación de la Corte de Apelaciones de esa solicitud, el caso será ventilado en tribunales de los EEUU, y Venezuela podría terminar condenada a pagar cifras mil millonarias a los demandantes, no sólo de Ohio sino a los de Washington, Suiza y tal vez las de otros posibles tenedores.
Si las cortes le dan la razón a los demandantes, se habría concretado la mayor estafa jamás cometida contra la República. Y todo por el mal manejo, voluntario o no, de funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez.
Con esta decisión se revive un riesgo económico para Venezuela: Tener que desembolsar varios millardos de dólares para pagar unos bonos supuestamente emitidos por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), los cuales han sido declarados fraudulentos en diferentes ocasiones por varios evaluadores de estos papeles.
Este caso se remonta a principios de 1990, cuando por primera vez se intentó cobrar unos bonos que supuestamente habían sido emitidos por Bandagro en 1981, antes de que este banco estatal fuese liquidado tras una década de estar intervenido por quiebra. El Gobierno de entonces, determinó que los bonos eran falsos y alertó a los organismos competentes la intención de un posible fraude a la República. Incluso, los supuestos firmantes de los pretendidos bonos declararon que las firmas eran falsificadas.
Años después, durante el segundo mandato de Rafael Caldera, hubo otro intento fallido de cobrar los bonos.
Posteriormente, en 2004 surgió un tercer intento de cobro, cuando el Grupo panameño Triad solicitó al Gobierno de Hugo Chávez que validara unos bonos que estaban en su posesión y que supuestamente había emitido Bandagro en 1981.
Lamentablemente, este tercer intento fue mal manejado por las autoridades. El entonces Ministro de Finanzas, Tobías Nobrega, pidió una investigación interna para averiguar la validez o no de los referidos bonos. De esta investigación surgió un informe mal redactado y ambiguo que se prestaba a cualquier interpretación.
Posteriormente, la procuradora de la República en ese momento, Marisol Plaza, emitió otro informe, también mal redactado, certificando la validez de los bonos. Si bien esa primera opinión de la procuradora Plaza fue posteriormente rectificada, abrió en el ínterin una ventana de oportunidad para que varios inversionistas "compraran" los referidos bonos respaldándose en la opinión de esa funcionaria.
En la actualidad cursan tres demandas a nivel internacional por estos bonos: una en Washington por $20 millones;una de $100 millones en Ohio y otra en Suiza por $1.075 millones. Todas ellas sustentadas, no en la validez de los bonos, sino en el hecho de que fueron adquiridos basándose en la opinión de la procuradora Plaza.
En el caso de la demanda de Ohio, el Gobierno de Venezuela le solicitó a la Corte que declarara la no jurisdicción de Estados Unidos para conocer la demanda. Ahora con la desestimación de la Corte de Apelaciones de esa solicitud, el caso será ventilado en tribunales de los EEUU, y Venezuela podría terminar condenada a pagar cifras mil millonarias a los demandantes, no sólo de Ohio sino a los de Washington, Suiza y tal vez las de otros posibles tenedores.
Si las cortes le dan la razón a los demandantes, se habría concretado la mayor estafa jamás cometida contra la República. Y todo por el mal manejo, voluntario o no, de funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez.
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