jueves, 1 de diciembre de 2011

Sancionan a Nestlé por acaparamiento de leche

Caracas/(PL) La representación en Venezuela de la transnacional suiza Nestlé fue sancionada al pago de una multa equivalente a cinco mil unidades tributarias, por incurrir en boicot y acaparamiento de productos alimenticios, informó hoy aquí una fuente oficial.


  La sanción fue aplicada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) e implica el pago de 380 mil bolívares (algo más de 88 mil dólares) en concepto de multa por la retención en sus almacenes de 25 toneladas de leche en polvo.

Ese producto no se encontraba en ninguno de los establecimientos comerciales minoristas estatales, dijo Arquímedes Barrios, coordinador de Indepabis en el estado Anzoátegui, donde Nestlé tiene sus almacenes.

Sin embargo, agregó, el 24 de noviembre pasado Nestlé recibió 10 toneladas de leche en sus almacenes y el 28 del mismo mes recibió otras 15 toneladas sin que se hubiesen comercializado las primeras.

Barrios explicó que los representantes de la empresa argumentaron que la leche no había sido distribuida por falta de vehículos de carga, pero que al movilizarse los camiones de la Guardia Nacional Bolivariana para cumplir esa tarea, aparecieron 10 vehículos de la compañía.

Según el representante de Indepabis, se decidió la distribución supervisada del producto en los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas, e igual procedimiento se aplicará con otras 13 toneladas de leche en polvo que arribaron hoy a los almacenes de la empresa.

Como medida suplementaria, Indepabis decidió mantener la supervisión sobre todos los productos que lleguen a los almacenes de Nestlé en Anzoátegui, y se fiscalizará su distribución y venta a la población.

La detección del alimento acaparado forma parte de una ofensiva que las autoridades venezolanas desarrollan desde hace más de una semana para cortar todo intento de acaparamiento potencialmente dirigido a provocar desabastecimiento y descontento popular.

Asimismo, forma parte de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos aprobada en noviembre último por la Asamblea Nacional, con la que se busca impedir las actividades especulativas en perjuicio de la ciudadanía.

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