En Venezuela hoy la institucionalidad democrática es apenas una caricatura de la realidad. En la anarquía que impera en el país, todos los poderes públicos y la Fuerza Amada Nacional se funden en la obediencia incondicional al Poder de Hugo Chávez y su proyecto castrocomunista.
Uno de los más claros ejemplos de esta subordinación automática se refleja en lo que acontece en la Contraloría General de la República. Éste es el órgano del Estado encargado del control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, y de velar por la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades del Estado.
Un ente que, dado a que es clave para el aval del sistema democrático, fue elevado por la Constitución Nacional de 1999 a Poder Público con autonomía funcional, administrativa y organizativa. Pero que, poco después fue puesto al servicio de la revolución castrochavista con el nombramiento de Clodosvaldo Russian, como Contralor General.
Desde ese entonces la Contraloría General de la República ha venido siguiendo las líneas políticas que se le dictan desde Miraflores para servir de mano "justiciera" contra todo aquél que ose oponerse a la revolución castrochavista. Verbo y gracia, las aperturas de procedimientos espurios o las injustas inhabilitaciones a todo dirigente que descolle ante la opinión pública o que sea piedra de tranca para cualquier tipo de arbitrarias decisiones del Gobierno. Mientras que se hace la vista gorda ante el sin fin de hechos de corrupción de los funcionarios afines al régimen.
Desde junio de 2011, con el fallecimiento de Russian en Cuba, el país está a la espera del nombramiento de un nuevo Contralor. Un nombramiento al que debería de dársele carácter de urgencia, dada la complejidad que tiene hoy todo el sector público, por la creación de nuevos ministerios y por la adición de otros entes y empresas gracias a la vocación confiscatoria del Ejecutivo Nacional.
Si bien es cierto que la Constitución no especifica los lapsos para su designación, la importancia del rol del contralor obliga al Comité Moral Republicano a darle celeridad al nombramiento del Comité de Postulaciones. Éste a su vez elegirá, entre un universo de hombres y mujeres probos y comprobada experiencia, la terna de candidatos a Contralor a presentar a la Asamblea Nacional.
Preocupa el silencio de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que, como miembros de este Comité Moral, son los garantes del proceso. Igual de preocupante es el mutis que existe en la Asamblea Nacional sobre el tema. ¿Será porque Chávez no podrá controlar a un nuevo contralor electo por consenso de todas las fuerzas políticas?
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