Yoani Sanchez ADALBERTO ROQUE / AFP/Getty Images
La bloguera cubana Yoani Sánchez presentó un recurso administrativo en el Ministerio del Interior exigiendo se le explique por qué no se le permite viajar al extranjero, en la más reciente de una serie de audaces retos legales al gobierno comunista.
Sánchez aseguró que el llamado recurso de alzada presentado el miércoles pide al ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, que explique por qué la oficina a cargo de los permisos de salida nunca respondió su solicitud del 18 de noviembre del 2010 para conocer las razones de las negativas.
Colomé Ibarra tiene ahora 60 días para responder a su queja de “silencio administrativo”, afirmó Sánchez. De no hacerlo, ella presentará una demanda contra el ministro exigiendo una orden judicial de que él responda.
“Claro yo sé lo que va a pasar. Pero quiero mantener esa inocencia de la esperanza”, añadió Sánchez, refiriéndose a la alta probabilidad de que sus quejas no lleguen a ninguna parte en un país en que los tribunales siguen fielmente la línea del gobierno.
Los cubanos que quieren viajar al extranjero necesitan un permiso oficial conocido como la “tarjeta blanca”, que se niega regularmente a los disidentes. El gobierno ha denegado varias solicitudes de Sánchez de viajar al extranjero para recibir premios, asistir a conferencias y satisfacer otras invitaciones.
Sánchez, que escribe el blog Generación Y, ha pedido repetidas veces una explicación a la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, pero no ha recibido ninguna respuesta. Su recurso del miércoles elevó su pregunta a la oficina del ministro.
“Es un paso previo a una demanda”, afirmó a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana. “Es una posibilidad legal jurídica en manos de los ciudadanos, que permite apelar a las autoridades cuando las autoridades no han respondido a alguna petición”.
Su recurso fue el más reciente de un puñado de audaces intentos por parte de disidentes y otros de usar el sistema legal cubano para impugnar las acciones oficiales. Los tribunales han desestimado casi todos los casos, incluyendo varios presentados contra la policía.
Pero la Asociación Jurídica Cubana (AJC) está todavía batallando con un pedido, que ya tiene tres años, para que el Ministerio de Justicia le reconozca legalmente como un grupo de abogados que brinda asesoría legal sin ánimo de lucro, generalmente a críticos del gobierno.
El jefe de la AJC, Wilfredo Vallín, quien está además asesorando a Sánchez en su caso, tomó el primer paso requerido para registrar al grupo en abril del 2009 pidiendo al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia que certifique que ningún otro grupo ha registrado el mismo nombre.
El registro nunca respondió, de modo que Vallín, graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana en 1992 elevó su petición a la ministra de Justicia María Esther Reus. Cuando ella tampoco respondió, presentó una demanda bajo la Ley Civil, Administrativa y Laboral de Cuba.
Para su sorpresa, un panel de tres jueces primero aceptó oficialmente la queja de Vallín y ordenó luego a Reus que designara abogados para defenderla. El Tribunal Supremo de Cuba encontró una falla técnica en uno de sus documentos el año pasado, pero permitió que el caso continuara y ordenó luego a la ministra que respondiera a la solicitud inicial de Vallín.
El Ministerio de Justicia certificó en junio del año pasado que no había ningún otro grupo registrado con el mismo nombre que la AJC, pero a principios de este año rechazó la solicitud de reconocimiento de la AJC por un tecnicismo. Vallín ha prometido presentar una apelación.
Los funcionarios del ministerio nunca han reconocido oficialmente a ningún grupo disidente, lo cual los hace ilegales y sujetos por lo tanto a sanciones por el delito de “asociación ilegal”.
El sistema de justicia de Cuba alega que el papel de la ley es promover la estabilidad y el desarrollo de una “sociedad socialista”. Los disidentes llevados a juicio son casi siempre hallados culpables.
Los abogados tienen que trabajar para el gobierno o para Bufetes Colectivos aprobados por el gobierno, en los cuales se puede contratar abogados para la defensa criminal. Pero los abogados que pasan demasiado tiempo defendiendo a disidentes son despedidos a veces por los bufetes colectivos.
La bloguera Yoani Sánchez muestra su pasaporte a la
prensa en La Habana en una foto sin fecha.
Cortesía Orlando Luis Pardo
Yoani Sánchez aparece junto a su esposo Reinaldo
Escobar en La Habana en marzo del 2011.
Franklin Reyes / AP
El Nuevo Herald
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