Arria develó que "convocará a medios internacionales y nacionales en un sitio público, para que vean toda la documentación de titularidad de la finca". Asegura que el Gobierno tiene en su poder esos documentos "desde hace casi dos años".
Rechaza además que los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) denunciaran que los empleados de la propiedad estaban siendo tratados como esclavos. "Resulta que el 90% de los trabajadores está afuera de la finca protestando por la expropiación" enfatiza Arria.
De igual manera, el también internacionalista informa que la finca fue comprada hace 21 años a un precio de Bs. 400.000.
Ante las recientes expropiaciones, Arria considera necesario "la creación de un grupo que acoja a todos los que han sido atropellados por el Gobierno...si me lo hacen a mi se lo van hacer a otra gente".
Diego Arria no descarta emprender acciones legales ante la decisión gubernamental.
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