lunes, 10 de marzo de 2014

En la mira del Gobierno

Buscan intervenir alcaldías opositoras. Alcaldes de la Unidad fijan posición por protestas en el Área Metropolitana de Caracas. Alertaron la ejecución de una maniobra política que quebrantaría abiertamente el orden constitucional

MARIELA CORREA/TalCualDigital
Los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde; de Chacao, Ramón Muchacho; de El Hatillo, David Smolansky, y el de Sucre, Carlos Ocariz fijaron posición ayer sobre los sucesos que se han registrado en el la Gran Caracas, calificando como "desproporcionada" la acción ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado, en la represión de las manifestaciones en zonas residenciales.

Aseguran que para la contención de estas protestas han utilizado de forma indiscriminada una cantidad incalculable de bombas lacrimógenas, disparando perdigones hacia las residencias, ingresando ilegalmente a los edificios residenciales, dañando propiedad privada con actos vandálicos y ejecutando detenciones irregulares.

A través de un comunicado, los alcaldes condenaron en forma categórica el llamado que desde algunos sectores del oficialismo se ha hecho a la movilización de grupos de choque para intimidar a ciudadanos y residentes de varias urbanizaciones de Caracas, y exigieron al gobierno el desarme inmediato de los grupos paramilitares que operan en algunas zonas de la capital, y en varias ciudades del país.

Por otra parte, mostraron su apoyo a las protestas pacíficas que han sido convocadas a través del movimiento estudiantil, sectores de la sociedad civil y política en reclamo a la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes y la exigencia de liberar a los presos políticos. De la misma manera condenaron las manifestaciones violentas que propician conflicto entre vecinos y el cierre de calles y avenidas.

Finalmente, alertaron sobre "la ejecución de una maniobra política, promovida por algunos sectores del oficialismo que busca impulsar una acción judicial en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de intervenir varias alcaldías gobernadas por la Unidad.

Una acción que quebrantaría abiertamente el orden constitucional y el Estado de Derecho, además de desconocer la voluntad de los caraqueños, expresada en las elecciones del pasado 8 de diciembre".

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