sábado, 2 de enero de 2010

2009 fue un año crítico para la libertad de expresión


El primero de agosto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sacó del aire a 34 medios audiovisuales en escala nacional, entre ellos CNB 102.3 a través de la cual se transmitía Aló Ciudadano, y abrió la puerta a la posibilidad de que otras 200 emisoras fueran cerradas, según advirtió Diosdado Cabello, director del organismo regulador 

Eduardo Méndez Sánchez/El Nacional
El cierre de 34 emisoras de radio "por capricho gubernamental", la propuesta de crear una ley de delitos mediáticos y la agresión a periodistas de la Cadena Capriles forman parte de una larga lista de sucesos que hundieron a Venezuela en la clasificación mundial 2009 sobre libertad de prensa hecha por Reporteros Sin Fronteras.

La organización internacional advirtió que este año el país se colocó en una "situación delicada" que lo hizo caer del puesto 113 que ocupó en 2008 hasta el 124.

Entre las razones que ocasionaron el descenso están los atentados contra Orel Sambrano, vicepresidente de la emisora privada Radio América 890 AM y columnista de Notitarde, que resultó muerto; y Rafael Finol, reportero de El Regional, que logró salir con vida.

La situación delicada también se debe al cierre de radios por la detención de Gustavo Azócar, que permanece recluido en la cárcel de Santa Ana, en Táchira, pese a la anulación de un procedimiento sospechoso en su contra.

"Este año fue crítico para la libertad de expresión en el país. El Gobierno ha usado un aparato legal para detener a periodistas y acallar medios que se manifiestan contrarios a él",
dijo Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que monitorea el tema de la libertad de prensa en Venezuela.


Van por más medios. El 30 de julio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que establecía condenas de prisión de hasta seis años a los autores de delitos mediáticos, pese a que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ya los sancionaba con multas e interrupción de antena.

"Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Pido que se ponga un límite a este derecho", dijo Ortega Díaz en la plenaria del parlamento.

El Poder Legislativo no aprobó la incorporación del proyecto de ley a la agenda parlamentaria, pero las medidas oficiales sucesivas demostraron que el Gobierno pretende cumplir la voluntad del presidente Hugo Chávez de "democratizar el espectro radioeléctrico" y "lograr la hegemonía mediática".

El primero de agosto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sacó del aire a 34 medios audiovisuales en escala nacional, entre ellos CNB 102.3 a través de la cual se transmitía Aló Ciudadano, y abrió la puerta a la posibilidad de que otras 200 emisoras fueran cerradas, según advirtió Diosdado Cabello, director del organismo regulador.

"La mayoría de las emisoras cerradas eran independientes y se escuchaban casualmente en los estados donde la oposición ganó las elecciones de gobernadores. Esta medida demuestra la intolerancia del Gobierno hacia espacios para el debate democrático, más aún cuando en 2010 se harán elecciones parlamentarias", señaló Correa.


 
A patadas. El día de Año Nuevo, el colectivo La Piedrita inició 2009 "declarándole (en panfletos) la guerra a Globovisión" mientras lanzaba bombas lacrimógenas contra la sede.

Ocho meses después, el 3 de agosto, un grupo de personas lideradas por la dirigente popular Lina Ron arremetió nuevamente contra la sede del canal. Ron fue detenida por los hechos y liberada dos meses después.

Globovisión, que tiene seis procedimientos administrativos abiertos, se vio forzado a pagar bajo protesta una multa de 9 millones de bolívares fuertes, que calificó de "ilegal e inconstitucional".

Al final, los procedimientos para aplicar sanciones y las multas hacen que muchos medios "apelen a la peligrosa autocensura" por temor a ser sacados del aire o a ser sancionados con montos tan altos que les impidan seguir trabajando, añade el director de Espacio Público.

Pero los daños materiales contra las instalaciones de los medios quedaron en un segundo plano el 13 de agosto.

Ese día, 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron agredidos a palos y patadas mientras repartían volantes contra la Ley de Educación, que retoma disposiciones del proyecto presentado por Ortega Díaz relativo a las ofensas a la "moral pública" o a la "salud mental" cometidas por los medios.

Pese a los testimonios audiovisuales y personales presentados por los periodistas agredidos en los que quedan identificados los responsables, nadie ha sido sentenciado.


 
De emergencia. Los sucesos ocurridos en los primeros nueve meses del año, sobre todo entre julio y agosto, impulsaron a la Sociedad Interamericana de Prensa a organizar en Caracas un Foro de Emergencia, por la situación de la libertad de expresión en Latinoamérica.

El presidente de la SIP, Enrique Santos, advirtió que Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua son los países donde se evidencia un mayor deterioro de la relación medios-gobierno en todo el continente.


"Esta relación es evidente en la animadversión y la hostilidad creciente de los jefes de Estado contra los medios que no le son adeptos, la descalificación permanente y el acoso a su credibilidad", dijo Santos.

El también director del diario colombiano El Tiempo identificó "un patrón creado por (el presidente venezolano) Hugo Chávez, que nace en Venezuela y se ha expandido por la región".

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