Por TIM ROGERS/Especial para The Miami Herald
MANAGUA- El presidente Daniel Ortega supuestamente acude a los profundos cofres de Venezuela para sobornar, comprar y dispersar a la debilitada oposición como parte de su búsqueda de un segundo término, opinaron legisladores y analistas.
Cuando el dinero no funciona, el gobernante Frente Sandinista de Ortega usa tácticas de mano dura para silenciar a la oposición, incluyendo la expulsión el mes pasado de cuatro alcaldes democráticamente electos, agregaron los analistas.
Varios legisladores de oposición en la Asamblea Nacional han acusado a los sandinistas de ofrecer sumas sustanciales de dinero para llegar a los 56 votos (o el 60 por ciento de los legisladores) necesarios para cambiar la prohibición constitucional sobre reelecciones consecutivas y legitimizar la candidatura de Ortega en el 2011. Los legisladores sandinistas niegan las acusaciones.
Una división de la Suprema Corte, controlada por los sandinistas, falló el año pasado que la prohibición de reelección no se aplica a Ortega, quien ya está anunciando su candidatura en vallas por la capital. Pero para eliminar dudas sobre si su candidatura es legal o no, los sandinistas tratan de reformar la Constitución y levantar a la vez la prohibición de reelección, comentaron los analistas.
José Pallaís, un legislador del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), declaró a The Miami Herald que a él y a otros cuatro legisladores se les ofreció dinero, posiciones en el gabinete y judicaturas a cambio de sus votos.
"Se me ofreció un puesto en la Corte Suprema de Justicia si iba en contra de mi partido y votaba por los sandinistas'', manifestó Pallaís.
El legislador dijo que rechazó la oferta "de inmediato'' y le informó el supuesto soborno a su partido, encabezado por el ex presidente Arnoldo Alemán. El PLC ha denunciado públicamente los supuestos intentos de soborno, pero no ha presentado ninguna demanda o buscado una investigación oficial.
Pallaís aseguró que los 20 legisladores del PLC en la Asamblea de 92 bancas se mantendrán firmemente detrás de una "muralla de dignidad'' para evitar las tentaciones sandinistas para pasarse al bando opuesto.
Los sandinistas dicen que el dinero es para el desarrollo y la ayuda social. El líder legislativo sandinista Edwin Castro declaró a The Miami Herald que las acusaciones de que su partido está comprando votos son "totalmente falsas''.
Agregó que los sandinistas aún necesitan 16 votos para lograr la mayoría necesaria del 60 por ciento para reformar la Constitución. "Nos enfocamos en aprobar leyes que tengan consenso'', aseguró Castro. "No sé quien está hablando de reformas constitucionales''.
Desde que regresó al poder en el 2007, Ortega ha recibido alrededor de $1,100 millones en ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez, de acuerdo con el Banco Central. Las acusaciones de que los sandinistas han ofrecido sobornos han causado fisuras y sospechas entre la oposición.
"Aquí está mi cartera, pueden venir y mirarla. No tengo nada más'', dijo la legisladora Ana Julia Balladares, luego de ser acusada de corrupción por un legislador de su propio partido. "Mi casa es la misma casa con todas las mismas cosas. No tengo nada más''.
Las acusaciones de soborno no se limitan al Congreso. También se ha acusado a los sandinistas de comprar a los alcaldes de la oposición y a los concejales de las ciudades.
Nelson Artola, quien encabeza la organización gubernamental de alivio a la pobreza Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), afirmó recientemente que seis alcaldes y 56 concejales de diferentes municipalidades han cambiado recientemente de partido y ‘‘abrazado'' el proyecto gubernamental de Ortega, que comparó con "el proyecto de Cristo''.
El uso por parte del gobierno de las instituciones estatales y las finanzas para reclutamiento partidista es otro ejemplo de que el gobierno de Ortega se está convirtiendo en Estado y partido a la vez, aseguraron los analistas.
Los sandinistas han reducido las instituciones gubernamentales a instrumentos de ‘‘chantaje y soborno'', aseguró Carlos Tünnermann, del grupo cívico Movimiento por Nicaragua.
"Nada es gratis en política'', comentó Tünnermann, quien agregó que los políticos que acepten las ofertas de los sandinistas se verán pronto usados como peones en la ‘‘agenda de Ortega para continuar en el poder''.
El legislador Wilfredo Navarro, vicepresidente del PLC, declaró que los alcaldes de su partido y los concejales de las ciudades han informado de amplias acusaciones de intentos de soborno por parte de los sandinistas.
"Daniel Ortega trata de consolidar un sistema de un solo partido y eliminar toda disidencia'', aseguró Navarro. "sste no es un gobierno de Nicaragua; es un gobierno de los sandinistas''.
Ortega no oculta su gusto por los sistemas políticos de un solo partido. Durante una visita a Cuba del año pasado, Ortega declaró que envidiaba su sistema político porque los "sistemas multipartidistas no son más que una forma de desintegrar la nación y dividir al pueblo''.
Algunos críticos dicen que los planes de Ortega para un sistema de un solo partido en Nicaragua ya están más avanzados de lo que muchas personas podrían admitir.
"En la práctica, ya es un sistema de un solo partido. Los sandinistas usan el dinero de Chávez para comprar la oposición y hacer crecer su monopolio político'', indicó Luciano García, un concejal de la ciudad de Managua por el minoritario Partido Conservador.
García culpa al sector privado de actuar como cómplice de las aspiraciones políticas de Ortega al "acomodarse al sistema de un solo partido'' y convertirse en "socios minoritarios'' de la nueva economía sandinista.
El disidente sandinista Sergio Ramírez, un ex vicepresidente de Ortega en la década de 1980, declaró que él creía que Ortega busca un rostro diferente al de Cuba. Los sandinistas, agregó, desean un sistema donde sean el "grupo dominante'', pero con pequeños partidos minoritarios que actúen "con sumisión'' mientras ofrecen la imagen de un sistema multipartidista.
Sin embargo, agregó, detrás del delgado velo del pluralismo democrático, los sandinistas están consolidadno "inescrupulosamente'' el poder para permanecer "a toda costa'' en el gobierno.
"Cuando perdimos las elecciones en 1990, Daniel Ortega propuso nunca ceder de nuevo el poder cuando lo obtuviera de vuelta'', recordó Ramírez. "El no va a dejar voluntariamente el poder''.
Cuando el dinero no funciona, el gobernante Frente Sandinista de Ortega usa tácticas de mano dura para silenciar a la oposición, incluyendo la expulsión el mes pasado de cuatro alcaldes democráticamente electos, agregaron los analistas.
Varios legisladores de oposición en la Asamblea Nacional han acusado a los sandinistas de ofrecer sumas sustanciales de dinero para llegar a los 56 votos (o el 60 por ciento de los legisladores) necesarios para cambiar la prohibición constitucional sobre reelecciones consecutivas y legitimizar la candidatura de Ortega en el 2011. Los legisladores sandinistas niegan las acusaciones.
Una división de la Suprema Corte, controlada por los sandinistas, falló el año pasado que la prohibición de reelección no se aplica a Ortega, quien ya está anunciando su candidatura en vallas por la capital. Pero para eliminar dudas sobre si su candidatura es legal o no, los sandinistas tratan de reformar la Constitución y levantar a la vez la prohibición de reelección, comentaron los analistas.
José Pallaís, un legislador del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), declaró a The Miami Herald que a él y a otros cuatro legisladores se les ofreció dinero, posiciones en el gabinete y judicaturas a cambio de sus votos.
"Se me ofreció un puesto en la Corte Suprema de Justicia si iba en contra de mi partido y votaba por los sandinistas'', manifestó Pallaís.
El legislador dijo que rechazó la oferta "de inmediato'' y le informó el supuesto soborno a su partido, encabezado por el ex presidente Arnoldo Alemán. El PLC ha denunciado públicamente los supuestos intentos de soborno, pero no ha presentado ninguna demanda o buscado una investigación oficial.
Pallaís aseguró que los 20 legisladores del PLC en la Asamblea de 92 bancas se mantendrán firmemente detrás de una "muralla de dignidad'' para evitar las tentaciones sandinistas para pasarse al bando opuesto.
Los sandinistas dicen que el dinero es para el desarrollo y la ayuda social. El líder legislativo sandinista Edwin Castro declaró a The Miami Herald que las acusaciones de que su partido está comprando votos son "totalmente falsas''.
Agregó que los sandinistas aún necesitan 16 votos para lograr la mayoría necesaria del 60 por ciento para reformar la Constitución. "Nos enfocamos en aprobar leyes que tengan consenso'', aseguró Castro. "No sé quien está hablando de reformas constitucionales''.
Desde que regresó al poder en el 2007, Ortega ha recibido alrededor de $1,100 millones en ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez, de acuerdo con el Banco Central. Las acusaciones de que los sandinistas han ofrecido sobornos han causado fisuras y sospechas entre la oposición.
"Aquí está mi cartera, pueden venir y mirarla. No tengo nada más'', dijo la legisladora Ana Julia Balladares, luego de ser acusada de corrupción por un legislador de su propio partido. "Mi casa es la misma casa con todas las mismas cosas. No tengo nada más''.
Las acusaciones de soborno no se limitan al Congreso. También se ha acusado a los sandinistas de comprar a los alcaldes de la oposición y a los concejales de las ciudades.
Nelson Artola, quien encabeza la organización gubernamental de alivio a la pobreza Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), afirmó recientemente que seis alcaldes y 56 concejales de diferentes municipalidades han cambiado recientemente de partido y ‘‘abrazado'' el proyecto gubernamental de Ortega, que comparó con "el proyecto de Cristo''.
El uso por parte del gobierno de las instituciones estatales y las finanzas para reclutamiento partidista es otro ejemplo de que el gobierno de Ortega se está convirtiendo en Estado y partido a la vez, aseguraron los analistas.
Los sandinistas han reducido las instituciones gubernamentales a instrumentos de ‘‘chantaje y soborno'', aseguró Carlos Tünnermann, del grupo cívico Movimiento por Nicaragua.
"Nada es gratis en política'', comentó Tünnermann, quien agregó que los políticos que acepten las ofertas de los sandinistas se verán pronto usados como peones en la ‘‘agenda de Ortega para continuar en el poder''.
El legislador Wilfredo Navarro, vicepresidente del PLC, declaró que los alcaldes de su partido y los concejales de las ciudades han informado de amplias acusaciones de intentos de soborno por parte de los sandinistas.
"Daniel Ortega trata de consolidar un sistema de un solo partido y eliminar toda disidencia'', aseguró Navarro. "sste no es un gobierno de Nicaragua; es un gobierno de los sandinistas''.
Ortega no oculta su gusto por los sistemas políticos de un solo partido. Durante una visita a Cuba del año pasado, Ortega declaró que envidiaba su sistema político porque los "sistemas multipartidistas no son más que una forma de desintegrar la nación y dividir al pueblo''.
Algunos críticos dicen que los planes de Ortega para un sistema de un solo partido en Nicaragua ya están más avanzados de lo que muchas personas podrían admitir.
"En la práctica, ya es un sistema de un solo partido. Los sandinistas usan el dinero de Chávez para comprar la oposición y hacer crecer su monopolio político'', indicó Luciano García, un concejal de la ciudad de Managua por el minoritario Partido Conservador.
García culpa al sector privado de actuar como cómplice de las aspiraciones políticas de Ortega al "acomodarse al sistema de un solo partido'' y convertirse en "socios minoritarios'' de la nueva economía sandinista.
El disidente sandinista Sergio Ramírez, un ex vicepresidente de Ortega en la década de 1980, declaró que él creía que Ortega busca un rostro diferente al de Cuba. Los sandinistas, agregó, desean un sistema donde sean el "grupo dominante'', pero con pequeños partidos minoritarios que actúen "con sumisión'' mientras ofrecen la imagen de un sistema multipartidista.
Sin embargo, agregó, detrás del delgado velo del pluralismo democrático, los sandinistas están consolidadno "inescrupulosamente'' el poder para permanecer "a toda costa'' en el gobierno.
"Cuando perdimos las elecciones en 1990, Daniel Ortega propuso nunca ceder de nuevo el poder cuando lo obtuviera de vuelta'', recordó Ramírez. "El no va a dejar voluntariamente el poder''.
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