Por: VenEconomía 21ene10
"Estimular y proteger a la producción nacional independiente" fue una de los tantos"objetivos" esgrimidos por el gobierno para "justificar" la promulgación, hace cinco años, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte).
Pero es ampliamente conocido que el propósito real del gobierno era el de limitar, o eliminar, la libre expresión, sobre todo cuando se trataba de las críticas a la actuación del gobierno. De allí que esta Ley es mejor conocida como la "Ley Mordaza".
Hace apenas un mes, se emitió una nueva regulación que confirma, y profundiza, las limitaciones a la libre expresión. Esa nueva regulación sub-dividió al grupo de canales de televisión de suscripción por cable, en dos grupos - los que son de producción extranjera y los que son de "producción nacional", siendo los últimos aquellos cuya programación incluye 30%, o más, de programas (y comerciales) producidos en Venezuela.
De allí, se procedió a dictaminar que los canales de cable clasificados como de producción extranjera siguen estando exentos de las restricciones de la Ley Mordaza mientras que los "de producción nacional" estarían sujetos a todos lo requerimientos de la Ley Mordaza, incluyendo la obligación de retransmitir las "cadenas" del Presidente Chávez. Y, para colmo, no podrán transmitir publicidad dentro de sus respectivos programas, sólo al principio o final de los mismos, lo que constituye otra desventaja adicional frente a los canales de señal abierta.
En todo caso, la medida tiene nombre y apellido: RCTV International; la heredera de la RCTV de señal abierta, cuya concesión fue retirada el 27 de mayo de 2007 por el Gobierno Venezolano, bajo la excusa de su supuesto vencimiento.
Ahora su señal por cable, cuya penetración en los sectores populares aumentó fuertemente luego de su inclusión en el mismo, también ve amenazada su existencia. Al no serle reconocida su condición de televisora internacional, a pesar de haber presentado una parilla de programación conformada por tan solo 29% de producción nacional y 71% internacional, se verá sometida a un "cierre técnico".
Pero aunque la medida fue expresamente diseñada para sacar del medio a RCTV International, ésta no es la única afectada. La reforma asesta un duro golpe a la producción nacional independiente. Muchos de los canales internacionales (Sun Channel: HBO, Sport Plus, Casa Club, Nickelodeon, etc.) habían establecido empresas de preproducción, producción y postproducción en el país. Ahora, bajo la amenaza de esta reforma se están mudando a otros países, como Colombia o Argentina.
Pero la "reforma" no se queda allí y también establece que el Gobierno se reservaría ocho canales del total ofrecido por cada servicio por suscripción, para garantizar la difusión de las señales oficiales.
Menos fuentes de ingreso para el mermado mercado de trabajo laboral venezolano que en el ámbito de los medios de comunicación ha sufrido duros golpes, entre los más recientes el cierre de unas 40 emisoras de radio y la confiscación de sus equipos a algunas de ellas. Además de las multas, juicios y restricciones que merman fuertemente su producción y mantienen al borde de la quiebra a algunos de ellos.
Pero lo más relevante de esta medida es que los venezolanos han sido privados una vez más de su derecho a estar informados.
Pero es ampliamente conocido que el propósito real del gobierno era el de limitar, o eliminar, la libre expresión, sobre todo cuando se trataba de las críticas a la actuación del gobierno. De allí que esta Ley es mejor conocida como la "Ley Mordaza".
Hace apenas un mes, se emitió una nueva regulación que confirma, y profundiza, las limitaciones a la libre expresión. Esa nueva regulación sub-dividió al grupo de canales de televisión de suscripción por cable, en dos grupos - los que son de producción extranjera y los que son de "producción nacional", siendo los últimos aquellos cuya programación incluye 30%, o más, de programas (y comerciales) producidos en Venezuela.
De allí, se procedió a dictaminar que los canales de cable clasificados como de producción extranjera siguen estando exentos de las restricciones de la Ley Mordaza mientras que los "de producción nacional" estarían sujetos a todos lo requerimientos de la Ley Mordaza, incluyendo la obligación de retransmitir las "cadenas" del Presidente Chávez. Y, para colmo, no podrán transmitir publicidad dentro de sus respectivos programas, sólo al principio o final de los mismos, lo que constituye otra desventaja adicional frente a los canales de señal abierta.
En todo caso, la medida tiene nombre y apellido: RCTV International; la heredera de la RCTV de señal abierta, cuya concesión fue retirada el 27 de mayo de 2007 por el Gobierno Venezolano, bajo la excusa de su supuesto vencimiento.
Ahora su señal por cable, cuya penetración en los sectores populares aumentó fuertemente luego de su inclusión en el mismo, también ve amenazada su existencia. Al no serle reconocida su condición de televisora internacional, a pesar de haber presentado una parilla de programación conformada por tan solo 29% de producción nacional y 71% internacional, se verá sometida a un "cierre técnico".
Pero aunque la medida fue expresamente diseñada para sacar del medio a RCTV International, ésta no es la única afectada. La reforma asesta un duro golpe a la producción nacional independiente. Muchos de los canales internacionales (Sun Channel: HBO, Sport Plus, Casa Club, Nickelodeon, etc.) habían establecido empresas de preproducción, producción y postproducción en el país. Ahora, bajo la amenaza de esta reforma se están mudando a otros países, como Colombia o Argentina.
Pero la "reforma" no se queda allí y también establece que el Gobierno se reservaría ocho canales del total ofrecido por cada servicio por suscripción, para garantizar la difusión de las señales oficiales.
Menos fuentes de ingreso para el mermado mercado de trabajo laboral venezolano que en el ámbito de los medios de comunicación ha sufrido duros golpes, entre los más recientes el cierre de unas 40 emisoras de radio y la confiscación de sus equipos a algunas de ellas. Además de las multas, juicios y restricciones que merman fuertemente su producción y mantienen al borde de la quiebra a algunos de ellos.
Pero lo más relevante de esta medida es que los venezolanos han sido privados una vez más de su derecho a estar informados.
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