El Ministerio Público acusó a 16 funcionarios de la Policía de Cojedes, quienes habrían favorecido la evasión de Roberto Ávila y Carlos Izabal Martínez, vinculados al cártel de Juárez, hecho ocurrido el pasado 6 de julio en San Carlos, capital de ese estado.
Los fiscales 44° nacional, 2° y 3° de esa jurisdicción Pedro Belisario, José Manuel Sandoval y Luis Nucete, respectivamente, acusaron a Wuelmar Agudelo, Milagro del Carmen Parra, Francisco Moreno, Alexix Avancines, Alexander Torrealba, Tomás Casadiego, Carlos Peralta, Wilfredo García, José Zapata, Ricardo Ruiz, Antonio Araujo y Jesús Hernández por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de evasión de detenido por funcionario público agravado, asociación para delinquir y corrupción propia.
Asimismo, los funcionarios Antonio Pérez, Santos Mena, Joel Blanco y Carlos Linares fueron acusados por el delito de favorecimiento de evasión de detenido por funcionario público en la modalidad de culpa.
Estos delitos están previstos y sancionados en los artículos 265, en concordancia con el 266 del Código Penal vigente; 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y 62 de la Ley contra Corrupción, respectivamente.
Igualmente, los fiscales solicitaron el sobreseimiento de la causa por no encontrar suficientes elementos de convicción a favor de los efectivos policiales Joselin Garaban, Omar Cañas, Carlos Escobar, Jaime Jiménez y Salenny Betancourt.
En el escrito presentado ante el Tribunal 2° de control del estado, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, de los medios de pruebas ofrecidos y pidió se ordene el enjuiciamiento de los 16 funcionarios, quienes permanecen detenidos en el Retén del Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes.
El hecho ocurrió el martes 6 de julio a las 7 de la noche, cuando se realizaba el conteo de reos y se percataron de la ausencia de los dos presuntos narcotraficantes del cártel de Juárez, Ávila e Izabal Martínez, ambos de nacionalidad mexicana de 30 y 33 años, respectivamente.
Éstos se encontraban privados de libertad por la presunta comisión de los delitos de tráfico agravado de sustancia estupefaciente y psicotrópicas, circunvalación y aterrizaje en zona distinta, desviación fraudulenta de rutas y asociación para delinquir.
Ante la ausencia de los reclusos, se notificó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Subdelegación San Carlos, para que realizara las pesquisas preliminares.
La comisión policial determinó que no hubo signos de violencia ni fractura de las puertas y paredes del anexo N° 6, lugar donde se encontraban recluidos los hoy prófugos de la Ley.
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