El fracaso de los bonos

Frustración por resultados de Bono 2031. La mayor parte de la emisión de los papeles de la República se quedó en manos del gobierno. Las asignaciones a personas naturales, empresas grandes y no prioritarias fueron insuficientes.Se calcula que la banca pública se quedó con unos 2 mil millones de dólares del total emitido

Por: Ender Marcano/TalCualDifital

Para muchos la semana no empezó nada bien. Frustración, molestia y decepción fue lo que dejó este lunes con el anuncio de los resultados de adjudicación del Bono Soberano 2031, emitido la semana pasada por el Ministerio de Planificación y Finanzas.

Los montos asignados fueron muy bajos, en especial para empresas que no forman parte de la categoría 1 (salud, alimentos, bienes de capital) y para las personas naturales a las cuales se les otorgó un máximo de 6.000 dólares por orden de compra.

Todo esto mientras la banca pública, la gran ganadora, se quedó con cerca del 47% de los 4.200 millones de dólares emitidos.

Este último aspecto fue la causa por la cual los montos asignados fueron tan bajos para las personas naturales y empresas de la categoría no prioritaria.

Los resultados sorprendieron a muchos, incluyendo analistas que esperaban entregas similares a la del Bono Pdvsa 2022 –emitido en febrero– cuando las personas naturales recibieron un máximo de 10.000 dólares.

A las empresas pertenecientes a la categoría 1 se les entregará el viernes 5 de agosto, fecha de la liquidación, hasta 4 millones 950 mil dólares por orden de compra. Igualmente el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Pdvsa recibirá 57,37% de la cantidad que hayan solicitado.

TODO VÍA SITME

El director de la firma Econométrica, Henkel García, indicó que los resultados de la emisión son una muestra de que el gobierno sólo está interesado en las empresas de los sectores prioritarios.

Asimismo considera que la idea oficial es que las importaciones fuera de Cadivi sean alimentadas vía Sitme y no por las emisiones; una muestra de ello es la mayor parte de la emisión se quedó en manos de la banca pública, un estimado que ronda los 2.000 millones de dólares.

Una de las razones para esto es que por medio del Sitme hay mayor control sobre el destino final de las autorizaciones, se disminuye la fuga de capitales, y se mantiene una tasa de cambio menor a la que puede arrojarse de las emisiones.

Sin embargo, esta política puede traer consecuencias negativas en los inventarios hacia finales de año, agregó García, debido a que los montos autorizados para los importadores vía Sitme son insuficientes para sus necesidades. Además, agregó que los dólares en Sitme no son seguros, pues no siempre se otorga a quienes lo solicitan.

Aunque, por otra parte, los montos diarios que se negocian en el Sitme pudieran aumentar dado el volumen de papeles que se suman a los portafolios de la banca pública.

El economista Ángel García Banchs, calcula que con los cerca de 2.000 millones de dólares que se quedaron las entidades públicas las autorizaciones del Sitme pudieran superar los 45 millones de dólares diarios por dos meses y medio, en lugar de los 34 millones que se transan en promedio actualmente.

Esta posibilidad aumenta si se toma en cuenta la necesidad de los importadores por aumentar su productividad e inventarios para la temporada decembrina.

TRANCA LA ECONOMÍA

El economista y profesor de la UCV Jesús Casique señaló que las asignaciones no son representativas para empresas grandes, que pudieran requerir de más de 5 millones de dólares para llevar adelante sus operaciones.

“Para ese grupo se debió asignar más. Ninguna empresa grande requiere 1 millón de dólares. Eso no es nada”, dijo Casique en conversación telefónica.

El analista consultado agregó que si a los montos asignados con la emisión se suman las trabas de Cadivi y las restricciones del Sitme (Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera), el resultado es que se “tranca la economía”. Esto, en vista de que los agentes productivos cuentan con recursos limitados para desarrollar sus actividades.

Casique también comentó que para esta adjudicación hubo un peso ideológico sobre el económico, así como una discriminación para personas naturales y para las pequeñas compañías que no estén registradas en el Rusad. “Lo importante no era la adjudicación, sino captar recursos”, dijo el economista.