El 31 de octubre de 1958, cuando el país apenas superaba los aciagos años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los líderes de los tres principales partidos políticos de entonces (AD, Copei y URD) firmaron un acuerdo para darle sustentabilidad al incipiente, y aún inestable, sistema democrático que se buscaba instaurar en el país. Este pacto, llamado de Punto Fijo, con su defensa a la constitucionalidad y al derecho a gobernar conforme al resultado electoral, su declaración de principios y un programa mínimo de Gobierno, detuvo por casi 34 años las ambiciones militaristas que querían imponer otra bota dictatorial en Venezuela.
Hoy el país vive una disyuntiva similar a la de los años 50: permitir el avance de la dictadura o retomar el rumbo democrático.
El 26 de septiembre, fecha de los comicios parlamentarios, es clave para definir el rumbo que seguirá Venezuela, no sólo en lo político, sino en el orden socio económico e incluso en la sobrevivencia o no de las más elementales libertades ciudadanas.
Este escenario obliga que la dirigencia política, tanto la que se aglutina en la mesa de la unidad democrática como la que sigue insistiendo en mantener su independencia, logre acuerdos lo suficientemente realistas, dinámicos y amplios para copar los espacios parlamentarios que hoy están en manos de Hugo Chávez.
El problema es que hoy un importante sector de esos políticos aún sobreestiman su capacidad de captar con votos la voluntad popular. Y, peor aún, estos dirigentes sobreestiman a un habilidoso contendiente, que con un pico de oro y unas arcas llenas, sumados a una ley hecha a la medida y a un CNE sumiso, podría modelar a su antojo los resultados de los comicios de septiembre.
Se sabe que la tarea no es fácil, pero más difícil se torna si a esto se le aúna el que priven sobre los intereses del colectivo nacional, intereses grupales y personalistas de todo tipo.
Por ejemplo, no ayudan en nada al interés colectivo que busca la democracia las escenas violentas de este fin de semana en Valencia entre los grupos opositores, además de que no resuelven las naturales diferencias que puedan existir. Tampoco suma a la unidad democrática la "viveza" de Primero Justicia de inscribir un partido en el CNE con el mismo nombre del que viene promoviendo el dirigente Leopoldo López. Ni aporta beneficio alguno que los dirigentes tradicionales estén autopostulándose como candidatos por listas, a sabiendas que, según la nueva Ley Electoral, éstos son los que tienen asegurado salir como diputados.
Es lamentable que todavía muchos "líderes" de la oposición política demuestren con su actitud divisionista e individualista que no han entendido cuán grave es la situación del país.
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