La comunidad internacional le pone cada vez más cerca la lupa al Gobierno de Hugo Chávez.
Pero, el Gobierno de Chávez sigue impertérrito en su escalada de violaciones de las garantías constitucionales, sin importarle que el Estado de Derecho y el Sistema de Justicia sean en Venezuela una triste pantomima.
Un repaso de algunos de los hechos más notorios de los últimos días revela la triste radiografía de un país en agonía.
La declaratoria de utilidad pública de la zona industrial 1 de Barquisimeto, para intentar darle un piso legal a la expropiación de los terrenos de empresas Polar, es un claro ejemplo del uso hegemónico del poder para echar al basurero los derechos a la propiedad, a la libre determinación de la actividad económica y al trabajo. Al igual que lo fue la orden "exprópiese" emitida por el mandatario a viva voz en la Plaza Bolívar, que afectó comercios y propiedades emblemáticas como el Edificio la Francia.
La violación del derecho a la información y a la libertad de expresión se evidencian fehacientemente en: 1) La vendetta del Gobierno contra Radio Caracas, al negarle a este grupo empresarial el permiso para incorporar a la televisión por cable a RCTV Internacional como Productor Nacional Independiente, y a RCTV Mundo como canal de producción internacional. 2) Las medidas de coerción que se ejercen en contra de las emisoras de radio, entre ellas, la orden de Conatel para que Victoria 103.9 FM reduzca 90% su potencia, privándola así de prestar un servicio público de información vial a varias comunidades. 3) La apertura de una investigación por supuesta incitación al odio, en contra del dirigente opositor Oswaldo Álvarez Paz, por unas declaraciones emitidas en Aló Ciudadano (Globovisión), y la consecuente citación a todo el equipo de Aló Ciudadano, para comparecer ante el Ministerio Público el lunes 15 de marzo.
A esto se le suma la violación al derecho al estudio plasmado en el caso de David Pernía, el estudiante de la Universidad Pública, UNEFA-Táchira, a quien se le estaría impidiendo culminar sus estudios de ingeniería por retaliaciones políticas. Pernía, fue agredido físicamente por las máximas autoridades de la UNEFA, mientras estaba encadenado y en huelga de hambre.
Mientras esto acontece, el país oye con estupor como concejales oficialistas del Municipio Iribarren de Barquisimeto proclaman a viva voz que si tienen que convertirse en delincuentes para defender su "revolución", se convertirán. Y observa estupefacto como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, realizan una hábil maniobra para autootorgarse una jugosa jubilación temprana, mientras le garantizarían a Hugo Chávez el control del Poder Judicial hasta 2022.
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