La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, ha sido destituida dos veces del Poder Judicial. Pero la última vez logró que la sanción disciplinaria que se le aplicó, como al resto de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por incurrir en un error inexcusable, se convirtiera en una jubilación especial. En 2003, salió del segundo tribunal más importante del país con una pensión de aproximadamente 6.000 bolívares.
Cuando Morales reingresó al Poder Judicial, en diciembre de 2004, tendría que cambiar su pensión de jubilada por el sueldo que le correspondía como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Sus remuneraciones se incrementarían tan rápido como alcanzó el más alto cargo del sistema de administración de justicia, el cual tiene asignadas varias compensaciones salariales por funciones administrativas.
Ahora, con las jubilaciones especiales acordadas por la Sala Plena del TSJ el pasado 11 de marzo, Morales podría gozar de una pensión equivalente al monto de su último salario integral que, según ha trascendido extraoficialmente, supera los 50.000 bolívares. La reforma de la Ley de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de Altos Funcionarios Públicos que está próxima a ser promulgada no mermaría sus ingresos, pues los magistrados se adelantaron a la posibilidad de que se redujeran a 12 salarios mínimos urbanos, es decir aproximadamente 13.000 bolívares.
En similar situación está la presidenta de la Sala Político Administrativa Evelyn Marrero, quien también integraba la Corte Primera.
Es particular el caso de los magistrados Pedro Rondón Haaz y Hadel Mostafá Paolini, los dos primeros en acogerse al régimen de jubilaciones especiales resuelto por la Sala Plena. Ambos son profesores jubilados de la Universidad de Carabobo. Sus pensiones por el ejercicio de la docencia serán incrementadas por el ajuste a lo que ahora se le les ha concedido por el ejercicio de la magistratura.
Ana María Ruggeri, profesora titular de Derecho Administrativo de la UCV y también ex jueza de la Corte Primera, explicó que existe una normativa general para las jubilaciones y pensiones en la administración pública, pero en la práctica cada sector tiene su propio régimen especial.
Hay situaciones difíciles de comprender como el de Clodosbaldo Russián, quien cobra su pensión por haber trabajado en la Contraloría del Municipio Libertador y también su sueldo como Contralor General de la República. Tal privilegio fue denunciado por el dirigente opositor Gerardo Blyde, pero el TSJ falló a favor de Russián.
Ruggeri indicó que una situación similar, con la que no está de acuerdo, ocurre con los militares jubilados. Si se vuelven a emplear, además del salario que les corresponde, conservan la pensión que les concedió la institución castrense. La ex jueza sólo admite la posibilidad de acumular beneficios por actividades académicas.
La polémica resolución de la Sala Plena se basa en principios fundamentales como la inviolabilidad del salario, la progresividad de los derechos y la irretroactividad de la ley. Con todo ello hay un cuestionamiento implícito de la rebaja de sueldos por efectos de una reforma legal. Ana María Ruggeri opina que también vale la invocación del principio de independencia y separación de los poderes públicos; es en este caso porque el Legislativo no debería perjudicar al Judicial. Sin embargo, para la presidenta del TSJ sería muy difícil esgrimir este argumento, pues ha dicho que se trata de un tabú.
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