SCZ/Globovisión/EFE
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) extendieron sus nexos con distintos grupos armados internacionales más allá de la banda terrorista ETA o de Sendero Luminoso, sobre todo a partir del fallido proceso de paz impulsado entre 1998 y 2002 por el entonces presidente Andrés Pastrana.
Así lo dice este martes el diario colombiano El Espectador, a partir del testimonio que un ex integrante de las FARC dio a la Justicia y que fue incorporado, entre otros, por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco para fundamentar su acusación contra este grupo por supuestos nexos con ETA para atentar en España.
Según dicho testimonio, "a la zona de distensión llegaron representantes de cuarenta países y fue en ese periodo cuando se cuadró una venta de armas de Jordania de diez mil fusiles. En esa época, (Edgar) Tovar empezó a consolidarse como el segundo de (Raúl) Reyes en el tema de negociaciones internacionales para cambiar droga por armas".
Así, el conocido como "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, capturado en 2004 y puesto en libertad tres años después, fue el encargado de intensificar dichos lazos internacionales, especialmente con Venezuela y el cono sur latinoamericano, según declaró el ex guerrillero.
Así, el conocido como "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, capturado en 2004 y puesto en libertad tres años después, fue el encargado de intensificar dichos lazos internacionales, especialmente con Venezuela y el cono sur latinoamericano, según declaró el ex guerrillero.
"Desde el Caguán (sur) -añadió-, las redes internacionales de las FARC se consolidaron como nunca antes había ocurrido".
La versión del desmovilizado apunta a que los contactos con ETA y el intento de fortalecimiento en Perú de los remanentes terroristas de Sendero Luminoso no fueron los únicos nexos con grupos armados o criminales de otras naciones, sino que las relaciones se pudieron ampliar a otros países latinoamericanos, como Paraguay y México, e incluso Oriente Medio.
De esta manera, agrega, Granda contactó con el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, uno de los procesados por Velasco en España por conspiración para cometer atentados terroristas, y que ha ocupado cargos públicos en Venezuela desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999.
Este contacto sirvió para, supuestamente, que ingresaran a Colombia cuatro etarras "que iban a recibir intercambio tecnológico para consolidar los atentados que iban a hacer en España" contra el ex presidente Andrés Pastrana o el actual gobernante Álvaro Uribe, agrega el diario.
Asimismo, según aseveró el ex combatiente, Granda fue comisionado para conseguir en Paraguay los mismos contactos que estableció en Venezuela, en este caso con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo escindido del minoritario partido Patria Libre, fuerza que en 2002 obtuvo su registro electoral.
En este sentido, él mismo admitió haberse encargado personalmente del traslado de cuatro paraguayos a Colombia en 2003 para contactar con integrantes de las FARC y recibir entrenamiento.
Incluso el entonces "número dos" de la guerrilla, Raúl Reyes, abatido hace dos años en un bombardeo militar colombiano en Ecuador, viajaba entre Colombia y Trípoli (Libia) para adquirir armamento avanzado, según señaló el ex miembro de las FARC, uno de los cuatro que aparecen como pruebas testimoniales en el auto del juez.
Según las autoridades colombianas, además, emisarios de las FARC han mantenido reuniones en los últimos tres años con los cárteles de la droga mexicanos en una zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, en otra de las estrategias de intensificación de los enlaces internacionales de la guerrilla colombiana.
En este sentido, el director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo, detalló que más de cuarenta países de Europa y América impulsarán una alianza a partir de julio de este año, para enjuiciar a personas residentes en el exterior vinculadas con las FARC.
La versión del desmovilizado apunta a que los contactos con ETA y el intento de fortalecimiento en Perú de los remanentes terroristas de Sendero Luminoso no fueron los únicos nexos con grupos armados o criminales de otras naciones, sino que las relaciones se pudieron ampliar a otros países latinoamericanos, como Paraguay y México, e incluso Oriente Medio.
De esta manera, agrega, Granda contactó con el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, uno de los procesados por Velasco en España por conspiración para cometer atentados terroristas, y que ha ocupado cargos públicos en Venezuela desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999.
Este contacto sirvió para, supuestamente, que ingresaran a Colombia cuatro etarras "que iban a recibir intercambio tecnológico para consolidar los atentados que iban a hacer en España" contra el ex presidente Andrés Pastrana o el actual gobernante Álvaro Uribe, agrega el diario.
Asimismo, según aseveró el ex combatiente, Granda fue comisionado para conseguir en Paraguay los mismos contactos que estableció en Venezuela, en este caso con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo escindido del minoritario partido Patria Libre, fuerza que en 2002 obtuvo su registro electoral.
En este sentido, él mismo admitió haberse encargado personalmente del traslado de cuatro paraguayos a Colombia en 2003 para contactar con integrantes de las FARC y recibir entrenamiento.
Incluso el entonces "número dos" de la guerrilla, Raúl Reyes, abatido hace dos años en un bombardeo militar colombiano en Ecuador, viajaba entre Colombia y Trípoli (Libia) para adquirir armamento avanzado, según señaló el ex miembro de las FARC, uno de los cuatro que aparecen como pruebas testimoniales en el auto del juez.
Según las autoridades colombianas, además, emisarios de las FARC han mantenido reuniones en los últimos tres años con los cárteles de la droga mexicanos en una zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, en otra de las estrategias de intensificación de los enlaces internacionales de la guerrilla colombiana.
En este sentido, el director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo, detalló que más de cuarenta países de Europa y América impulsarán una alianza a partir de julio de este año, para enjuiciar a personas residentes en el exterior vinculadas con las FARC.
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