Vanessa Gómez Quiróz/El Nacional
La esposa del productor agropecuario Franklin Brito, Helena de Brito, anunció que demandará a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, por haber difamado a su esposo al asegurar que tiene problemas psicológicos.
"Vamos a ejercer acciones penales de difamación en contra de la fiscal general. Vamos a presentar un habeas corpus y un habeas data. Nos han negado información para poder manipularla a su conveniencia", expresó.
Las declaraciones fueron emitidas en una rueda de prensa convocada para rechazar lo dicho por Ortega Díaz al referirse al estado mental del productor. Junto con Helena de Brito estaba su hija Ángela y dos de los representantes del Foro por la Vida, Carlos Correa y Marino Alvarado.
Correa y Alvarado coincidieron en que en el supuesto de que Brito tuviera problemas mentales quienes deberían encargarse de su resguardo serían sus familiares.
"La declaración de insania no es penal, sino civil. Después debe consultarse el peritaje de cuatro expertos y se debe consultar a la familia", afirmó Correa.
Alvarado alertó que este tipo de violaciones de derechos humanos podría significar el recrudecimiento de la criminalización de la protesta en el país.
"Vamos a ejercer acciones penales de difamación en contra de la fiscal general. Vamos a presentar un habeas corpus y un habeas data. Nos han negado información para poder manipularla a su conveniencia", expresó.
Las declaraciones fueron emitidas en una rueda de prensa convocada para rechazar lo dicho por Ortega Díaz al referirse al estado mental del productor. Junto con Helena de Brito estaba su hija Ángela y dos de los representantes del Foro por la Vida, Carlos Correa y Marino Alvarado.
Correa y Alvarado coincidieron en que en el supuesto de que Brito tuviera problemas mentales quienes deberían encargarse de su resguardo serían sus familiares.
"La declaración de insania no es penal, sino civil. Después debe consultarse el peritaje de cuatro expertos y se debe consultar a la familia", afirmó Correa.
Alvarado alertó que este tipo de violaciones de derechos humanos podría significar el recrudecimiento de la criminalización de la protesta en el país.
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