lunes, 7 de noviembre de 2011

Cuestionada reelección de Ortega hiere la institucionalidad de Nicaragua

Nancy de Lemos/EFE
Managua.- La casi segura reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua tras una cuestionada candidatura y una jornada electoral plagada de denuncias de irregularidades, aumentan las dudas sobre la solidez institucional y representa una herida grave para la democracia de este país, según los analistas.

Si bien el apoyo popular a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es palpable en las calles, también hay fuertes críticas al proceso electoral que lo llevó a convertirse en el primer mandatario en reelegirse de forma consecutiva en Nicaragua desde Anastasio Somoza Debayle, el último de esa dinastía familiar.

Diversos analistas nicaragüenses y extranjeros coinciden en que a pesar del contundente triunfo del "comandante", con más del 62% de los votos en las elecciones de ayer, según el último informe oficial, las denuncias de los observadores internacionales y locales no pueden pasarse por alto.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) afirmaron que sus misiones observadoras tuvieron problemas para desarrollar su labor y que detectaron "trabas y mañas" en la jornada, mientras que organismos locales denunciaron que en el 25% de los colegios electorales no hubo fiscales de la oposición.

Ambas misiones cuestionaron fuertemente el rol del Consejo Superior Electoral (CSE), afín al Gobierno, en temas claves para la elección como la entrega de cédulas de forma tardía a miles de ciudadanos y el proceso de acreditación de fiscales del Partido Liberal Independiente (PLI), la principal fuerza de oposición.

Las votaciones en Nicaragua se caracterizaron por las denuncias de irregularidades como la falta de fiscales, presión sobre los representantes de la oposición en los colegios electorales y piquetes violentos, principalmente en la zona norte del país.

Para el académico de la Universidad Centroamericana de Nicaragua Manuel Ortega Hegg, la reelección del líder sandinista en estas condiciones representa una "herida de muerte" para la "frágil democracia" de su país.

Ortega Hegg sostuvo en declaraciones a Efe que el proceso electoral estuvo "cargado de vicios fundamentales desde un inicio" y que fue conducido por un órgano electoral (CSE) sin ninguna credibilidad, pues los magistrados fueron nombrados por el mismo Gobierno.

Para el académico, las elecciones dejan "enormes dudas sobre la transparencia y legitimidad de los resultados" de ayer y lo sucedido "representa una ruptura profunda al sistema democrático que deja una perspectiva negativa y de inestabilidad muy compleja a futuro".

La polémica sobre estos comicios se intensificó cuando se formalizó la candidatura de Ortega a pesar de que la Constitución nicaragüense prohíbe la reelección presidencial inmediata.

La postulación del mandatario fue calificada por muchos sectores como "ilegítima, ilegal e inconstitucional", pues los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, sin presencia de magistrados opositores, declararon en octubre de 2009 inaplicable el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección continua del presidente y limitaba a dos su número de mandatos.

El control de Ortega sobre las distintas instituciones del Estado es más que evidente. El CSE, por ejemplo, no paró de atacar al PLI en los días previos a las elecciones y durante las mismas votaciones acusó abiertamente a la oposición de generar disturbios en diversas zonas del país y de querer alterar el proceso democrático.

El apoyo popular al presidente es claro, especialmente entre los jóvenes y los sectores más humildes, pero a juicio de Ortega Hegg ahora el país enfrentará el desafío de tener un Gobierno con mucho poder y sin contrapesos suficientes, especialmente si los sandinistas obtienen mayoría absoluta en el Congreso.

Para el académico, la puerta ahora estará abierta para que Ortega pueda llevar a cabo sin mayor problema reformas electorales y constitucionales que faciliten la permanencia de los sandinistas en el poder, lo que significaría la ruptura del Estado de Derecho en el país. EFE

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