Por: VenEconomía
La semana pasada el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, acompañado con los Comités contra la Especulación, emprendió intensas jornadas de inspección en las cadenas de supermercados y expendios de alimentos e higiene personal, amparado en la Ley de Depabis y la Ley Contra a Especulación y Acaparamiento.
El operativo ya cobró varias víctimas: las sucursales en todo el país de la Cadena de Supermercados Unicasa, las de Central Madeirense y las tiendas Farmahorro, todas ellas cerradas el viernes por 24 horas.
La acción del Gobierno se monta en la suposición de que la alta inflación de los Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro que acumula 32,3% en los últimos 12 meses, se debe a la especulación, y no a las erradas políticas revolucionarias. Para el Indebabis "lo que ocurre es una cartelización y un proceso fraudulento que están usando las cadenas de supermercados y las tiendas de higiene personal, es decir, estos locales están aplicando el procedimiento de remarcaje".
VenEconomía, reitera que esta práctica perversa del Gobierno de cerrar empresas no beneficia a nadie, ni al Gobierno, ni a los consumidores. Por el contrario, como recordó la mañana de este martes por Globovisión Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, con el cierre de empresas no sólo se perjudica la producción de bienes y se grava a los empresarios, sino que se afecta al consumidor que no recibe el bien o servicio e incluso al propio Gobierno que deja de percibir los impuestos.
Esta nueva arremetida del Gobierno llega en las proximidades de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos (el 22 de noviembre) con la cual se radicalizará el control del Gobierno sobre la economía y le da potestad a éste para determinar de manera totalmente arbitraria y discrecional los costos y precios de todo bien o servicio que se produzca o preste en el país. Igual de grave es que a escasos 15 días de la entrada en vigencia de esta Ley todavía no se conoce el reglamento ni la plataforma tecnológica que usarán para aplicarla.
Ésta es otra ley comunista que se aplicará en el país, y con ella como dice Maldonado se "abate la lógica del sistema de propiedad privada", "abate la competencia entre salarios y elimina la meritocracia".
La certidumbre de lo dañino de esta nueva legislación la dio el propio Hugo Chávez este domingo cuando afirmó que la Ley de Costos y Precios Justos "es necesaria, forma parte de una estrategia de intervención del Estado en la economía y es uno de los elementos que conforma la transición desde el capitalismo hacia el socialismo". (léase comunismo a la cubana).
El operativo ya cobró varias víctimas: las sucursales en todo el país de la Cadena de Supermercados Unicasa, las de Central Madeirense y las tiendas Farmahorro, todas ellas cerradas el viernes por 24 horas.
La acción del Gobierno se monta en la suposición de que la alta inflación de los Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro que acumula 32,3% en los últimos 12 meses, se debe a la especulación, y no a las erradas políticas revolucionarias. Para el Indebabis "lo que ocurre es una cartelización y un proceso fraudulento que están usando las cadenas de supermercados y las tiendas de higiene personal, es decir, estos locales están aplicando el procedimiento de remarcaje".
VenEconomía, reitera que esta práctica perversa del Gobierno de cerrar empresas no beneficia a nadie, ni al Gobierno, ni a los consumidores. Por el contrario, como recordó la mañana de este martes por Globovisión Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, con el cierre de empresas no sólo se perjudica la producción de bienes y se grava a los empresarios, sino que se afecta al consumidor que no recibe el bien o servicio e incluso al propio Gobierno que deja de percibir los impuestos.
Esta nueva arremetida del Gobierno llega en las proximidades de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos (el 22 de noviembre) con la cual se radicalizará el control del Gobierno sobre la economía y le da potestad a éste para determinar de manera totalmente arbitraria y discrecional los costos y precios de todo bien o servicio que se produzca o preste en el país. Igual de grave es que a escasos 15 días de la entrada en vigencia de esta Ley todavía no se conoce el reglamento ni la plataforma tecnológica que usarán para aplicarla.
Ésta es otra ley comunista que se aplicará en el país, y con ella como dice Maldonado se "abate la lógica del sistema de propiedad privada", "abate la competencia entre salarios y elimina la meritocracia".
La certidumbre de lo dañino de esta nueva legislación la dio el propio Hugo Chávez este domingo cuando afirmó que la Ley de Costos y Precios Justos "es necesaria, forma parte de una estrategia de intervención del Estado en la economía y es uno de los elementos que conforma la transición desde el capitalismo hacia el socialismo". (léase comunismo a la cubana).
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