Por VenEconomía 18may10
Mientras el régimen chavista embiste contra todo lo estatuido, derechos, libertades y propiedades, tiene a sus compinches trabajando para enmarañarle a la sociedad democrática el escenario electoral del 26 de septiembre.
Por un lado, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cursa un recurso de amparo que pondría en pico de zamuro las elecciones legislativas. Ese recurso pide una interpretación del artículo 67 de la Constitución Nacional, que dicta, entre otras cosas, que los "candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas (de los partidos) con la participación de sus integrantes".
Suponiendo que el TSJ admita el recurso, e interprete que sólo son admisibles las candidaturas de quienes hayan sido electos en elecciones internas, saldrían afectados tanto los 143 candidatos por consenso de la Mesa de la Unidad Democrática, como unos 65 que seleccionará el dedo de Chávez. Sin embargo, el panorama sería mucho más complicado para la MUD y candidatos opositores que para los del oficialismo.
Si el TSJ decide que la selección de las candidaturas es vía asamblea interna de los partidos, la cosa no sería tan complicada: No habría razón para pensar que tanto la MUD y los partidos de oposición, como el Partido del Presidente, el PSUV, no puedan hacer sus asambleas antes del 5 de junio, fecha tope para la inscripción de candidaturas.
Pero si el TSJ determina que el requisito indispensable es ir a elecciones primarias, se pondría a los partidos de la oposición entre la espada y la pared, pues ni les queda tiempo para elegir 143 candidatos, ni tienen dinero para costear unas elecciones primarias a nivel nacional. Es obvio que esta decisión favorecería al PSUV que cuenta con todos los recursos del Estado para organizar sus primarias.
Una salida para los candidatos de la MUD sería que los 143 renunciaran y se inscribieran en el CNE por iniciativa propia. Pero, la nueva ley electoral exige que cada uno de éstos esté respaldado por la firma de 5% del electorado de su circunscripción. Ésta es también una tarea muy difícil, no sólo por el poco tiempo para recabarlas sino por el miedo a las firmas que ha dejado la Lista de Tascón.
Para complicar más las cosas, está pendiente que el Consejo Nacional Electoral aclare cuál es el criterio que aplicará en los casos de los presos políticos que han sido postulados por la MUD. Según la Constitución, toda persona puede postularse a cargos de elección popular siempre y cuando no tenga sentencia definitivamente firme. Sin embargo, el CNE viene utilizando el criterio de que "una sentencia penal existente debe ser aplicada hasta que la instancia superior la revoque o ratifique", con lo cual se pondrían en peligro ocho candidaturas de la MUD.
Lo cierto es que la vía electoral, indispensable para dirimir en paz y democráticamente las diferencias políticas de la población, sigue siendo violentada por el régimen dictatorial.
Por un lado, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cursa un recurso de amparo que pondría en pico de zamuro las elecciones legislativas. Ese recurso pide una interpretación del artículo 67 de la Constitución Nacional, que dicta, entre otras cosas, que los "candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas (de los partidos) con la participación de sus integrantes".
Suponiendo que el TSJ admita el recurso, e interprete que sólo son admisibles las candidaturas de quienes hayan sido electos en elecciones internas, saldrían afectados tanto los 143 candidatos por consenso de la Mesa de la Unidad Democrática, como unos 65 que seleccionará el dedo de Chávez. Sin embargo, el panorama sería mucho más complicado para la MUD y candidatos opositores que para los del oficialismo.
Si el TSJ decide que la selección de las candidaturas es vía asamblea interna de los partidos, la cosa no sería tan complicada: No habría razón para pensar que tanto la MUD y los partidos de oposición, como el Partido del Presidente, el PSUV, no puedan hacer sus asambleas antes del 5 de junio, fecha tope para la inscripción de candidaturas.
Pero si el TSJ determina que el requisito indispensable es ir a elecciones primarias, se pondría a los partidos de la oposición entre la espada y la pared, pues ni les queda tiempo para elegir 143 candidatos, ni tienen dinero para costear unas elecciones primarias a nivel nacional. Es obvio que esta decisión favorecería al PSUV que cuenta con todos los recursos del Estado para organizar sus primarias.
Una salida para los candidatos de la MUD sería que los 143 renunciaran y se inscribieran en el CNE por iniciativa propia. Pero, la nueva ley electoral exige que cada uno de éstos esté respaldado por la firma de 5% del electorado de su circunscripción. Ésta es también una tarea muy difícil, no sólo por el poco tiempo para recabarlas sino por el miedo a las firmas que ha dejado la Lista de Tascón.
Para complicar más las cosas, está pendiente que el Consejo Nacional Electoral aclare cuál es el criterio que aplicará en los casos de los presos políticos que han sido postulados por la MUD. Según la Constitución, toda persona puede postularse a cargos de elección popular siempre y cuando no tenga sentencia definitivamente firme. Sin embargo, el CNE viene utilizando el criterio de que "una sentencia penal existente debe ser aplicada hasta que la instancia superior la revoque o ratifique", con lo cual se pondrían en peligro ocho candidaturas de la MUD.
Lo cierto es que la vía electoral, indispensable para dirimir en paz y democráticamente las diferencias políticas de la población, sigue siendo violentada por el régimen dictatorial.
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