Por: Rocío San Miguel/TalCualDigital
El caso de los militares activos de la Fuerza Armada Nacional inscritos en el Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) ha sido un asunto que jamás pensó el Gobierno saldría a la luz pública.
La idea de incorporar en el portal del Consejo Nacional Electoral una herramienta que permitiera verificar quiénes se habían inscrito en el PSUV iba en otra dirección, instrumentar nuevamente el mecanismo de apartheid político al que nos tiene acostumbrado el Gobierno, la activación de las llamadas listas electrónicas, tan útiles siempre como en esta ocasión, de cara a procesos electorales adversos al oficialismo, como el que claramente luce el próximo del 26 de Septiembre.
Las otras dos listas de discriminación política en el país cumplieron su objetivo en momentos electorales claves.
En efecto, la lista Tascón y la Lista Maisanta intimidaron suficientemente como para persuadir a muchos de no volteársele a Chávez o de expresar libremente su opción política.
Correspondía una nueva puesta en escena, la reedición de una nueva lista, con una circunstancia curiosa. Ya no el ánimo de ubicar quiénes firmaban en contra del comandante.
Ahora perseguía otro fin, detectar quiénes se le estaban escapando de sus filas... y quienes, estando en el PSUV, no votaron en las primarias internas...
Chávez ha convocado a un cónclave con la dirección del PSUV. Qué bueno sería que tuviese la decencia de explicar la situación de los militares activos inscritos en el PSUV.
¿O es que aún no se da por enterado? Entre tanto, lamentablemente la III lista corre ya entre los buhoneros, según me han informado y comienza a ser utilizada en los predios de la administración pública para intimidar.
Por lo pronto, hemos activado desde Control Ciudadano (www.controlciudadano.org ) los resortes del Estado, función que tienen, al menos desde el punto de vista formal, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo a donde hemos acudido a denunciar, para que se ejerzan los mecanismos de control constitucional frente a la violación flagrante del artículo 328.
Y hemos consignado adicionalmente pruebas electrónicas e impresas de tal violación a la Fiscalía General de la República.
Pero hay más, pudieran estos militares: el Comandante del CORE 4, el Comandante del CORE 7 y el Contralmirante miembro del alto mando ampliado de la Milicia Nacional Bolivariana, Generales de División de la Guardia Nacional, Francisco José Ortega Castillo, Luis Alfonso Bohórquez Soto y el Contralmirante Gilberto Pinto Blanco, estar incurriendo en un delito penal previsto en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción que establece penas de prisión de uno a tres años.
Mientras tanto: ¿qué nombre le pondremos a la III lista? Se lo dejo a la opinión pública donde es incontrovertible ya la verdad de nuestra denuncia.
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