KPO/Globovisión/ABN
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó con relación a la huelga del productor agropecuario Franklin Brito, que existe un expediente bastante completo y sus demandas han sido satisfechas, y agregó que, a pesar de que había abandonado su conducta, la retomó nuevamente porque “no se declaró como él quería que se declarara”.
Ramírez estima que no se puede permitir que una persona que no reúne la mejor condición mental pueda reiniciar una huelga de hambre, por ese motivo sugirió la intervención de las autoridades para preservar el derecho a la vida de Brito y, una vez que se estabilice, volver a dialogar con él.
No hay motivos para que una persona se deje morir ante la opinión pública nacional sin que el Estado haga nada, puntualizó.
Ramírez suministró la declaración luego del acto de entrega de cinco unidades móviles a los defensores delegados de los estados Falcón, Portuguesa, Monagas, Táchira y Bolívar, las cuales serán utilizadas en el resguardo de los derechos humanos, en el acceso a los servicios públicos y también como instrumentos de aprendizaje.
Con respecto al caso de Eligio Cedeño, Ramírez, considera que debe investigarse toda la verdad acerca del proceso en que la jueza 31 de control, María Afiuni, liberó de forma ilegal al empresario Eligio Cedeño en una audiencia sin la presencia del Ministerio Público.
A su juicio, la jueza debería dejar a un lado sus privilegios para enfrentar a la justicia venezolana porque “el dinero y el patrimonio público constituyen uno de nuestros bienes más sagrados”.
Señaló, sin embargo, que en este momento la Defensoría del Pueblo tiene la misión de hacer valer el debido proceso de esta servidora pública que "lamentablemente" incurrió en una ligereza y en una irresponsabilidad que derivó en un presunto hecho delictivo.
Piensa que se debe indagar también a los funcionarios que están detrás de este hecho y a quienes estuvieron en complicidad, razón por la cual instó a las autoridades a ser más cuidadosas en la selección de los jueces, para que el derecho a la justicia, que es un deber sagrado del pueblo, represente una garantía de paz para la Nación.
Al ser consultada sobre la muerte del estudiante Jesús Eduardo Bello, hecho ocurrido en San Cristóbal, manifestó su interés en que no quede en la impunidad y que se revelen las causas de su fallecimiento.
No hay motivos para que una persona se deje morir ante la opinión pública nacional sin que el Estado haga nada, puntualizó.
Ramírez suministró la declaración luego del acto de entrega de cinco unidades móviles a los defensores delegados de los estados Falcón, Portuguesa, Monagas, Táchira y Bolívar, las cuales serán utilizadas en el resguardo de los derechos humanos, en el acceso a los servicios públicos y también como instrumentos de aprendizaje.
Con respecto al caso de Eligio Cedeño, Ramírez, considera que debe investigarse toda la verdad acerca del proceso en que la jueza 31 de control, María Afiuni, liberó de forma ilegal al empresario Eligio Cedeño en una audiencia sin la presencia del Ministerio Público.
A su juicio, la jueza debería dejar a un lado sus privilegios para enfrentar a la justicia venezolana porque “el dinero y el patrimonio público constituyen uno de nuestros bienes más sagrados”.
Señaló, sin embargo, que en este momento la Defensoría del Pueblo tiene la misión de hacer valer el debido proceso de esta servidora pública que "lamentablemente" incurrió en una ligereza y en una irresponsabilidad que derivó en un presunto hecho delictivo.
Piensa que se debe indagar también a los funcionarios que están detrás de este hecho y a quienes estuvieron en complicidad, razón por la cual instó a las autoridades a ser más cuidadosas en la selección de los jueces, para que el derecho a la justicia, que es un deber sagrado del pueblo, represente una garantía de paz para la Nación.
Al ser consultada sobre la muerte del estudiante Jesús Eduardo Bello, hecho ocurrido en San Cristóbal, manifestó su interés en que no quede en la impunidad y que se revelen las causas de su fallecimiento.
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